El procurador socialista Fernando Rodero ha acusado a la Junta de mantener una postura "autocomplaciente" y "faltona" con respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia cuando el modelo aplicado en la Comunidad es, como ha explicado, el impulsado y pactado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Rodero ha lanzado estas acusaciones en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, donde ha defendido una moción en la que ha instado a la Junta a tomar las medidas necesarias para que en 2012 los mayores de 64 años acogidos a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley de Dependencia se equipare al menos a la media nacional.

Esta moción fue rechazada del pleno por el PP, ya que, como ha argumentado el procurador Ignacio Soria, el pasado sábado se dio a conocer el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que otorgó un "sobresaliente" a Castilla y León en la aplicación de la Ley de la Dependencia, lo que la convirtió en la única Comunidad Junto al País Vasco en lograr la máxima calificación.

De este modo, Soria Aldavero ha señalado que está probado que el modelo aplicado en Castilla y León "funciona", con lo que se garantiza que el PP trabaja en los "servicios sociales". "Los servicios sociales los administran los que más hacen con menos", ha destacado el procurador 'popular', quien ha considerado que el modelo de la Comunidad es "referente" para el resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, el procurador socialista ha insistido en que la Ley de la Dependencia fue promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que ha reclamado al PP que tenga una postura "crítica" con la aplicación de esta normativa y no sólo "autocomplaciente y faltona".

Rodero ha lamentado que finalmente el PP no respaldara su moción, que sí fue apoyada por el Grupo Mixto, ya que entre los puntos incluidos en la misma destaca la necesidad de tomar las medidas necesarias para que la memoria económica de la Ley de Dependencia se mantenga hasta 2015 y que se exija a la administración general del Estado que siga financiando la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla Y León, al menos en la proporción actual.