El sindicato USO ha presentado ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria un recurso de alzada contra el ERE (expediente de regulación de empleo) de extinción aprobado por la Dirección General de Trabajo en la empresa Emilio Bolado y que supone el despido de 123 trabajadores.

Para el sindicato, durante la tramitación del expediente se han producido "incontables irregularidades", entre las que destaca como "más graves" la "falta de legitimación" de los firmantes, ya que el comité de empresa "se encontraba en funciones al haber expirado su mandato"; y la "falta de audiencia" a los afectados.

En este sentido, asegura que durante todo el proceso, la empresa y el comité de empresa "han ocultado las negociaciones a los trabajadores y se han negado en reiteradas ocasiones a aportar el documento del ERE a los afectados con la única intención de entorpecer la posible defensa de los derechos de los trabajadores".

USO también denuncia la "inexistencia" de un plan de acompañamiento social; y la "vulneración de los derechos sindicales". Sobre este extremo, argumenta que la empresa "ha incluido en los despidos a la lista electoral del sindicato USO en pleno proceso electoral, vulnerando con ello los más elementales derechos sindicales".

Asimismo, el sindicato alega el "incumplimiento de acuerdos previos", ya que hasta el próximo mes de mayo se encuentra en vigor un ERE de suspensión temporal que afecta a toda la plantilla y que prohíbe expresamente el despido de ningún trabajador. "Este acuerdo ha sido fraudulentamente revocado por un comité fuera de su mandato y sin legitimación al ser un derecho personal del trabajador", denuncia USO en un comunicado.

Por otro lado, el sindicato exige al Gobierno cántabro "la obligación de velar por los puestos de trabajo y exigir a la empresa el cumplimiento del acuerdo realizado en mayo que garantizaba el mantenimiento de los puestos de trabajo".

Para USO, sería "escandaloso" que el Gobierno "intente taparse la nariz y mirar para otro lado" cuando los cántabros ven "atónitos" cómo una "supuesta empresaria", dice en alusión a Isabel Bolado Pérez, "invierte grandes cantidades de dinero para hacerse con el control de un club de fútbol, el Racing de Santander, y al mismo tiempo deja a 123 trabajadores en la calle".

Para el sindicato, "estos hechos suponen un atentado a los derechos de los trabajadores y una tomadura de pelo hacia todos los cántabros que debe ser impedida por un Gobierno que pretenda ser serio y responsable".