El juicio contra el vecino de Valladolid Ignacio M.V, propietario de una extensión de 30 hectáreas ubicadas en Toro (Zamora), y su padre, Lorenzo M.C, como presuntos autores de un delito de estafa cometido en 2007 cuando el primero, supuestamente con la colaboración del segundo, arrendó dicha extensión a la empresa vallisoletana Gotoga Brokers S.L. para la instalación de un parque solar fotovoltaico y poco después vendió la misma parcela a Pevafersa para idéntico fin, se celebrará el próximo miércoles, día 21 de diciembre.

Las acusaciones pública y particular solicitan para padre e hijo una pena de tres años y, en el caso del segundo de los acusadores, el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 200.000 euros en favor de la empresa perjudicada, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su día, Gotoga Brokers S.L, especializada en la instalación de parques solares fotovoltaicos, interpuso querella criminal por estafa contra el propietario del terreno, Ignacio M.V, y la mercantil zamorana Pevafersa S.L, a quienes llegó a reclamar conjuntamente en un principio casi 3,5 millones de euros.

La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 5, que tras practicar las correspondientes diligencias archivó las mismas por no encontrar indicios de delito. Sin embargo, la empresa querellante, que desistió de seguir ejercitando acciones contra Pevafersa, presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid para que continuase la tramitación de las diligencias contra el titular de las tierras y su padre, Ignacio M.V. y Lorenzo M.C, respectivamente.

Dicho recurso fue finalmente estimado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que ordenó al Juzgado de Instrucción 5 "continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra Ignacio M.V. y Lorenzo M.C. por si los hechos imputados fueran constitutivos de un delito de estafa".

Los hechos se remontan al día 26 de mayo de 2007 cuando Gotoga Broker S.L. e Ignacio M.V, vecino de Valladolid capital, acordaron suscribir un contrato de arrendamiento, por espacio de veinticinco años, respecto de once parcelas con una extensión de 30 hectáreas que este último poseía en el polígono número 5 de Toro, donde la mercantil querellante proyectaba ubicar un parque solar fotovoltaico para la producción de energía eléctrica.

Alquiler por 25 AÑOS.

En dicho contrato se estipulaba que en el supuesto de que el arrendador vendiera las fincas, el comprador de las mismas quedaría obligado a cumplir las condiciones establecidas en el contrato.

Con la seguridad del cumplimiento del contrato, la empresa querellante inició ante la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Toro todas las gestiones para la ejecución del proyecto, hasta que en el curso de tales trámites los responsables de la mercantil descubrieron que ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta se había presentado otra solicitud por parte de otra sociedad de la competencia, Pevafersa S.L, con domicilio social en Toro, y que perseguía construir también un parque similar en idénticos terrenos.

Fue entonces cuando los responsables de la mercantil vallisoletana conocieron que el propietario de las parcelas, en fecha 5 de julio de 2007, había vendido las mismas a Pevafersa S.L, ocultando en el contrato de compra-venta la existencia del contrato de arrendamiento previamente firmado con la querellante.

Gotoga Brokers entendió en su momento que la empresa competidora Pevafersa había tenido la intención desde hacía tiempo de hacerse con el terreno y que tras enterarse del alquiler del mismo decidió, "en connivencia con el propietario, adquirirlo y ocultando dolosamente la existencia del contrato de arrendamiento, comprarlo y solicitar a su vez a la Junta de Castilla y León la autorización necesaria para la instalación de un parque solar fotovoltaico", si bien la mercantil zamorana ha quedado al margen de la querella.