El informe presentado por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (EDGSS) otorga el suspenso a seis comunidades: Baleares (4,5), Madrid (4), Ceuta y Melilla (3), Asturias (2,5), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5).

Por encima del aprobado también se situaron Aragón (8,5), Castilla La Mancha (8,5), Andalucía (8), Cantabria (7), Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia, Extremadura y Galicia (5,5).

Con un recorte de unos 1.000 millones de euros para desarrollar esta ley, el esfuerzo realizado por habitante durante este año por la Administración General del Estado se quedó en 43,31 euros, frente a los 81,07 euros destinados por las administraciones autonómicas.

Por regiones, La Rioja y Cantabria fueron las que mayor esfuerzo realizaron por habitante, con 161,16 y 149,57 euros, respectivamente. En el lado opuesto, Canarias (17,83 euros por habitante) y Baleares (45,28 euros por habitante).