Castilla-La Mancha ha retrocedido un punto en la Escala del Observatorio de la Ley de Dependencia y es la cuarta región mejor calificada por esta institución, según se desprende de su dictamen semestral consultado por Europa Press.

De esta forma, la región ha sido calificada con un 8,5 sobre 10 puntos, y ha realizado un esfuerzo de 166,89 euros por habitante en la aplicación de la Ley, 114,72 aportados por la Comunidad Autónoma.

Castilla y León y País Vasco se ha erigido este año como las regiones más sobresalientes (con un diez sobre diez) en la aplicación de la Ley, seguidas muy de cerca por La Rioja, que recibe un nueve sobre diez.

El informe presentado por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (EDGSS) otorga por otro lado el suspenso a seis comunidades: Baleares (4,5), Madrid (4), Ceuta y Melilla (3), Asturias (2,5), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5).

Por encima del aprobado también se situaron Aragón (8,5), Andalucía (8), Cantabria (7), Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia, Extremadura y Galicia (5,5).

Con un recorte de unos 1.000 millones de euros para desarrollar esta ley, el esfuerzo realizado por habitante durante este año por la Administración General del Estado se quedó en 43,31 euros, frente a los 81,07 euros destinados por las administraciones autonómicas.

Por regiones, La Rioja y Cantabria fueron las que mayor esfuerzo realizaron por habitante, con 161,16 y 149,57 euros, respectivamente. En el lado opuesto, Canarias (17,83 euros por habitante) y Baleares (45,28 euros por habitante).