La Fiscalía reclama un total de nueve años de prisión para los cuatro acusados de quemar una bandera española durante una manifestación en favor de la independencia de los Països Catalans convocada por la plataforma 31-D, el 30 de diciembre del pasado año, en la que además los inculpados presuntamente arrojaron sillas y mesas contra varios agentes de policía cuando éstos intentaban poner orden y evitar que los incidentes fueran a más.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita dos años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados por un delito de atentado y un año de prisión para uno de ellos por lesiones. También solicita para cada uno 1.800 euros de multa por un delito de ultraje a la bandera y otros 720 euros por una falta de lesiones para dos de ellos.

La Fiscalía explica que los cuatro acusados, defendidos por el abogado Josep de Luis, estaban secundando la manifestación cuando al llegar a la intersección entre las calles Oms y Missió algunos de los participantes, cuyos rostros taparon con capuchas, procedieron a prender fuego a la enseña rojigualda, lo que según postula la acusación pública fue planeado con anterioridad y concertado con los acusados "a modo de símbolo independentista".

Tal y como prosigue el escrito, los inculpados -David P.M., Roberto C.C., Silvia M.E. y Guillem Francesc C.M.-, para lograr que prosiguiera la quema y que los agentes que formaban el dispositivo de seguridad no pudieran evitar la acción, colocaron diversas sillas y mesas entre éstos y los manifestantes, diciéndoles que "no pasarían hasta que la bandera no estuviera del todo quemada".

Sin embargo, cuando los efectivos policiales consiguieron acceder al lugar de los hechos, un grupo de participantes en la marcha, entre los que se encontraban David P.M. y Guillem C.M., comenzaron a lanzarles sillas y mesas, impactando sobre los agentes, mientras que Roberto C.C. junto a otros manifestantes presuntamente les empujaban hacia la masa hasta provocar que cayeran al suelo.

En ese instante, la Fiscalía sostiene que cuando un viandante intentó ayudar a los agentes que estaban en tierra, Silvia M.E. le golpeó en la cabeza con una silla, impacto que iba destinado a uno de los efectivos policiales. Los golpes asestados con sillas y mesas provocaron tanto a los dos agentes como al transeúnte lesiones de diversa consideración por las que la acusación pide un total de 5.100 euros en indemnizaciones más lo que resulte de valorar los desperfectos causados en uno de los uniformes.

Más de 1.500 personas participaron en la manifestación convocada, coincidiendo con la conmemoración de la Diada de Mallorca, por la plataforma 31-D, integrada en concreto por Asema, Bloc, Comité de solidaridad con Euskal-herria, Grup Blanquerna, ERC, Entesa per Mallorca, PSM, Lobby per la Independència, Joventuts de ERC, JEN-PSM, UOB y STEI. Una marcha que fue encabezada por una pancarta que rezaba el lema 'Som una nació. Autodeterminació'.