El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, y los portavoces de PP-A e IULV-CA en la Comisión de Medio Ambiente, Carolina González Vigo y José Antonio Castro, respectivamente, serán los encargados de defender en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley Orgánica aprobada por la Cámara Autonómica para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

Así lo han decidido los tres grupos parlamentarios un día después de que el Pleno aprobase por unanimidad remitir al Congreso de los Diputados la citada proposición de Ley Orgánica, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. La nueva Cámara Baja, con mayoría absoluta del PP, será la que tenga la última palabra sobre este asunto, que ha quedado abierto tras no haber sido posible un acuerdo entre el actual Gobierno central y la Junta.

Ambas administraciones intentaron buscar una solución tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recogía las competencias exclusivas de la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por su territorio.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo, en términos de legalidad, de un informe elaborado por el Consejo Consultivo y que fue solicitado por los tres grupos parlamentarios.

La proposición de ley orgánica plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.