El consejero de Salud y de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, acompañado por el Director General de Salud Pública y Consumo, José Miguel Acitores, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo Riojano de Consumo, órgano administrativo de carácter consultivo y de participación de los consumidores y usuarios para la protección y defensa de sus intereses, en la que se ha presentado el primer Borrador de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El objetivo que se persigue con esta norma es el de lograr una alta protección de los consumidores colmando aquellas lagunas que la Ley estatal contiene, especialmente en el campo de la actuación administrativa, siendo el instrumento jurídico adecuado para plasmar determinadas previsiones, como son las referentes a la colaboración de los ciudadanos ante las actuaciones inspectoras o la potestad sancionadora. La redacción del anteproyecto se ha tratado de adaptar al nuevo marco legislativo que se ha generado en España y en la UE en los últimos años, teniendo en cuenta la normativa de otras Comunidades Autónomas, priorizando en aquellos aspectos que la experiencia adquirida ha entendido que tienen que ser abordados en profundidad.

Asimismo, se da una visión global del consumo como una materia multidisciplinar que debe ser abordada no sólo por el órgano que tradicionalmente se identifica con el Consumo, sino también por aquellos otros que entre sus competencias deben salvaguardar la figura del consumidor y usuario (vivienda, turismo, transporte, administración local, etc.), todo ello a través de la creación de un modelo único de hoja de reclamación cuya gestión se derivará al órgano competente.

Además se ha dado una especial importancia a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de la salud y la seguridad y las actuaciones administrativas frente a este tipo de riesgos, en el ámbito de los legítimos intereses económicos y sociales al preverse la necesidad de garantizar mediante seguro o aval las cantidades entregadas a cuenta o ejercer el derecho a reclamar sin que ello suponga coste alguno, en el ámbito de la información en materia de precios, publicidad y, sobre todo, a la hora de la adquisición de una vivienda de nueva construcción. En el proyecto de la ley se incide extensamente en la regulación del estatuto del inspector de consumo, de las medidas cautelares y de las infracciones y sanciones.

En la reunión que se ha mantenido hoy también se han repasado las actividades de consumo desarrolladas a lo largo de 2010 por la Consejería de Salud y Servicios Sociales así como las planificadas para el 2012. También se ha visto la propuesta de subvenciones para el año 2012 para el fomento de las actividades de las asociaciones de consumidores y Corporaciones Locales. 5.750

Consultas atendidas

En el área de Consumo, a lo largo de 2010, se atendieron 5.750 consultas, relativas fundamentalmente a los sectores de las telecomunicaciones, el comercio minorista (garantías, devolución de productos, vales), suministros de gas y electricidad, reparaciones de vehículos, viviendas nuevas y obras en viviendas, etc.

El 58 por ciento de los consultantes eran mujeres y el resto hombres. Por lo que respecta a la forma de realizar las consultas, el 41 por ciento fueron por vía telefónica, el 58 por ciento de forma presencial y el 1 por ciento restante se realizaron por escrito o mediante correo electrónico.

Asimismo, durante el pasado año se registraron un total de 873 denuncias y reclamaciones (671 en 2009) por supuestas infracciones en materia de protección al consumidor o vulneración de las normas que regulan el mercado.

Los sectores con mayor porcentaje de reclamaciones fueron servicios de telecomunicaciones, electrodomésticos (teléfonos móviles incluidos), promoción y compraventa de vivienda, comercio minorista de ropa, calzado y complementos, suministro eléctrico y de gas (facturación), vehículos (nuevos y de segunda mano), muebles, trabajos de albañilería/reparación de edificios y servicios de reparación de electrodomésticos.

El motivo de las reclamaciones que más se repitió fue el de incumplir las condiciones de garantía, fraude en la prestación del servicio y falta de atención a las demandas del consumidor. 10.527 actuaciones inspectoras

En total, se levantaron 1.224 actas que generaron 10.527 actuaciones inspectoras sobre diferentes productos y servicios puestos a disposición del consumidor en La Rioja. Aparte de las actuaciones habituales de control de mercado se desarrollaron campañas específicas de control de productos alimenticios, como frutas y hortalizas, aceites de semillas, caramelos y golosinas, salsas de mesa (mostaza y ketchup), cereales en copos o expandidos, pescado fresco, y de control de productos industriales como información de emisiones CO2 en la venta de vehículos, material escolar, instalaciones deportivas privadas, peluquerías, gasolinas, material eléctrico, etc. y se realizaron 166 tomas de muestras. Desde La Rioja se emitieron 7 notificaciones de alertas sobre diferentes productos.

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un aumento de las notificaciones que desde el Instituto Nacional de Consumo se trasladan a los órganos de consumo de las Comunidades Autónomas sobre determinados productos que presentan o pudieran presentar un riesgo para los consumidores. Durante el 2010, se registraron 2.841 alertas sobre productos que presentaban incumplimientos relacionados con la seguridad. De ellas, los principales productos alertados fueron juguetes (25,57%), vestimenta y calzado infantil (20,57%), vehículos y accesorios (8,65%), material eléctrico (8,17%) y, finalmente, vestimenta y calzado de adultos (5 %). La actuación inspectora se centra en la localización de los productos alertados en los comercios.

Por su parte, la Junta Arbitral de Consumo, que posibilita la resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y usuarios y empresarios, resolvió 529 solicitudes de arbitraje, de las que 194 se resolvieron mediante laudo. El 100% de los expedientes se resolvieron en un tiempo inferior a un mes desde la realización de la audiencia.

El Consejo Riojano de Consumo, cuya función principal es coordinar y desarrollar actividades de defensa del consumidor y de los usuarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, está formado por miembros de la Consejería de Salud y de otras Consejerías del Gobierno de La Rioja como Agricultura, Vivienda e Industria, organizaciones de consumidores de La Rioja, representantes de las organizaciones empresariales, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, representantes de los sindicatos con mayor representatividad en la Comunidad, así como un representante de las corporaciones locales, hasta sumar 17 miembros.