La Comisión Europea estudia el modo de compensar a los buques comunitarios, en su mayoría andaluces y canarios, que han tenido que cesar la actividad en aguas gestionadas por Marruecos debido a que este miércoles la Eurocámara tumbó la prórroga prevista hasta febrero de 2012 que les permitía pescar en la zona, según han informado fuentes europeas.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea celebran desde este jueves su último consejo del año para repartir las posibilidades de pesca para la flota comunitaria el próximo año y, de manera extraordinaria, se ha incluido en el debate la cuestión del acuerdo de pesca UE-Marruecos que ha quedado invalidado por el voto de los eurodiputados.

La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, "es consciente" del problema que se plantea para los buques europeos que faenan en los caladeros marroquíes y "va a explorar cómo responder al daño económico", han explicado fuentes conocedoras del debate mantenido entre la comisaria y los 27. España ha pedido compensaciones para los afectados y ha recibido el apoyo de Francia, Lituania, Portugal y Letonia.

Los servicios de Damanaki evalúan ahora las "consecuencias legales" del veto a una prórroga por la que los barcos europeos han estado pescando nueve meses y por la que han pagado el importe de las licencias de pesca y comprometido contratos de trabajo. También estudian si la base legal del pacto provisional cerrado entre Bruselas y Rabat, a falta del visto bueno de la Eurocámara, solicitar a la parte marroquí la devolución de parte del pago, han explicado fuentes europeas.

El acuerdo que ha quedado invalidado por el voto de la Eurocámara ofrece 36,1 millones de euros anuales a Marruecos a cambio de 119 licencias de pesca, cerca de un centenar de ellas para barcos españoles; andaluces y canarios en su mayoría.

La ministra española Rosa Aguilar ha precisado este jueves, en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión, que había en la zona 70 buques españoles, todos andaluces o canarios, que han regresado o están regresando a puerto y que el Gobierno reclamará a la Unión Europea "resarcir" a los barcos y pescadores damnificados.

En el debate de ministros, Aguilar ha insistido en que esta situación deja a los barcos españoles "muy afectados" porque han realizado el pago por los derechos de pesca y han cerrado contratos de trabajo. La ministra estimó a su llegada a Bruselas que la actividad de la flota española en aguas gestionadas por Marruecos se traduce en unos 500 empleos directos.

En este sentido, Aguilar no ha ofrecido cifras concretas sobre el impacto económico del cese de actividad, pero ha anunciado a la comisaria Damanaki que el Ministerio que dirige está "cuantificando los daños" y hará llegar a la Comisión cuanto antes un informe con la valoración del "impacto en el empleo y del grave perjuicio económico que ha causado el desembolso de licencias y contratos", han añadido las fuentes.

Las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo respecto al respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara Occidental y otras polémicas por el impacto medioambiental del acuerdo y por su poca rentabilidad económica para la UE habían retrasado hasta ahora la votación de la prórroga. Pese a todo, los buques europeos han seguido faenando en la región en virtud de un acuerdo provisional entre Bruselas y Rabat.

Se trata de una muy mala noticia para España, país de la Unión Europea con más barcos en la zona y que siempre ha defendido el valor comercial y económico de este pacto, además de destacar que Marruecos es un socio estratégico para los intereses comunitarios, no sólo en relación a la pesca sino a otras áreas como inmigración.

El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí reprochó anoche la "lamentable" decisión de la Eurocámara y alertó de que tendrá "consecuencias serias" en la cooperación entre Marruecos y los Veintisiete, según informa la agencia MAP. Rabat dio de plazo hasta la pasada medianoche para que los barcos de la UE se retiraran de las aguas que gestiona.

Por otra parte, la comisaria ha pedido a los gobiernos su apoyo para un mandato claro con el que negociar un nuevo régimen pesquero con Marruecos, basado en el respeto del Derecho internacional, la pesca sostenible y la rentabilidad económica.

Damanaki ha apelado a la "unidad" del Consejo y ha pedido a los ministros evitar "divisiones", en referencia a la tradicional oposición de países como Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos y Suecia a un acuerdo pesquero con Marruecos.