El portavoz de la Plataforma No a la Contaminació, Toni Albert, ha comparecido este miércoles en la reunión del Consell de Salut para exigir la creación de un sistema de vigilancia sanitaria de riesgos ambientales.

Según ha indicado en un comunicado, el vicepresidente de la diputación de Castellón y presidente del Consell de Salut, Francisco Martínez, ha señalado la incompetencia del Consell en la materia y ha remitido la petición a la Dirección General de Salud Pública.

Por su parte Antonio Arias, director general del Centro de Salud Pública de Castellón no ha acudido a la reunión, por lo que durante esta semana Albert procederá a hacerle llegar la documentación legal relativa a su petición.

Arias ya se reunió el pasado 24 de noviembre con Albert y otros representantes del Grup de Participació Ciutadana 2.0 No a la Incineradora para tratar, entre otros temas, los riesgos para la salud que supone la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la empresa Reyval Ambient en l'Alcora.

Preguntado por el sistema de vigilancia sanitaria -según la plataforma- Arias declaró que se está instruyendo al personal necesario para formar una unidad que lleve a cabo dicha vigilancia.

La Plataforma informa que este sistema fue decretado hace más de dos años por la Conselleria de Sanidad (Decreto 95/2009 de 10 de Julio). Su misión es "la evaluación continuada de la exposición potencial de la población a riesgos ambientales" para posibilitar, así, "la adopción de las medidas sanitarias conducentes a su desaparición o minimización".

Albert critica que, "a pesar del tiempo transcurrido, el sistema todavía no se ha aplicado en la provincia de Castellón", pese a la presencia en el territorio de dos focos "importantes" de riesgo sanitario y ambiental: el Polígono Petroquímico del Serrallo y la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos de l'Alcora.

Según la Plataforma, el peligro del foco de l'Alcora "podría verse agravado si se lleva a cabo la construcción de la incineradora de residuos peligrosos proyectada por Reyval Ambient y autorizada por la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio".

En dicho caso, según numerosos estudios epidemiológicos, la población afectada por las emisiones de dioxinas podría aumentar hasta las 350.000 personas, puesto que comprendería un radio de 25 kilómetros alrededor de la planta, según ha apuntado este colectivo.