La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente a la empresa pública Cetursa por la invasión de entre 700 y 800 metros lineales del Parque Nacional de Sierra Nevada con la pista de El Águila, en la cabecera del río San Juan, que se encuentra fuera del dominio esquiable.

Así lo ha confirmado a Europa Press el delegado provincial de Medio Ambiente en Granada, Francisco Javier Aragón, que ha señalado que el expediente, que se abrió por parte de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa) el pasado 3 de diciembre, se refiere a una parcela que es propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino desde hace varios años.

La situación se remonta a fechas anteriores a la creación del Parque Nacional, que tuvo lugar en 1999, ya que la pista ya era entonces usada, concretamente desde 1964. El expediente ahora abierto ha dado un plazo de quince días a Cetursa "para que presente las alegaciones que considere oportunas".

La invasión del Parque por parte de esta pista ya ha sido objeto de varios expedientes anteriores, y la intención de la Consejería es ahora "buscar las alternativas viables" para evitar similares situaciones en el futuro. Para ello, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Cetursa y del Parque Nacional tienen previsto reunirse la semana próxima "para que no se generen más conflictos".

Por su parte, según han informado a Europa Press fuentes de Cetursa ésta se trata "de una cuestión administrativa menor", que, según sus cálculo, "sólo afecta a 600 metros de una pista de seis kilómetros". No obstante, la empresa pública espera reabrir la cabecera de la pista de El Águila una vez se acepten las alegaciones presentadas contra la resolución.

Ya en 2009, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales interpuso una denuncia en la Fiscalía de Granada por el acondicionamiento y balizamiento, en febrero de aquel año, de una zona en curva cercana a la pista del Águila, una de las más conocidas de Veleta, denuncia que sin embargo el Ministerio Público archivó al no ver relevancia penal, aunque contemplando infracción administrativa.