El presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche), el español Javier Garat, ha calificado de "mala noticia" que la Eurocámara haya tumbado la prórroga que permitía a los europeos pescar hasta febrero de 2012 en aguas gestionadas por Marruecos y ha reclamado ayudas para que el sector afronte la "difícil situación".

"La decisión afecta directamente a once Estados miembros, más de cien barcos y 900 tripulantes (...) Además es una afrenta muy grande a Marruecos", con quien la UE debe negociar las condiciones de un nuevo régimen pesquero, ha explicado Garat en declaraciones a Europa Press.

Garat, que este miércoles ha sido reelegido en Bruselas presidente de Europêche y es también el secretario general de Cepesca, ha insistido en la "difícil situación" para la flota comunitaria, que "en breve" deberá cesar su actividad en aguas gestionadas por Rabat.

La decisión del Parlamento Europeo en contra de la prórroga que expiraba el próximo febrero debe ser aún ratificada por los veintisiete, previsiblemente entre este jueves y viernes, aprovechando una reunión de ministros de Pesca de la UE en Bruselas, según han informado fuentes comunitarias.

En este sentido, Garat ha reclamado a los gobiernos europeos que prevean "medidas socioeconómicas de acompañamiento para paliar" el daño que sufra la flota europea, mayoritariamente española en aguas de Marruecos, y ha pedido "abrir de inmediato negociaciones para un nuevo acuerdo".

Además, ha admitido que "todos eran conscientes de que el actual acuerdo no era el mejor" y que había "margen de mejora" para un nuevo régimen mejor para las dos partes, pero ha lamentado que el voto de los eurodiputados pueda dificultar los contactos con Rabat.

La opinión de la Eurocámara es de carácter vinculante, por lo que este voto supone que los barcos de la Unión Europea tendrán que cesar su actividad de forma inmediata en los caladeros afectados.

El acuerdo actual ofrece 36,1 millones de euros anuales a Marruecos a cambio de 120 licencias de pesca, cerca de un centenar de ellas para barcos españoles; andaluces y canarios en su mayoría.

Las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo respecto al respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara Occidental y otras polémicas por el impacto medioambiental del acuerdo y por su poca rentabilidad económica para la UE habían retrasado hasta ahora la votación de la prórroga. Pese a todo, los buques europeos han seguido faenando en la región en virtud de un acuerdo provisional entre Bruselas y Rabat.