El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley de medidas fiscales para el fomento de la venta y de la rehabilitación de viviendas, el cual persigue introducir una serie de ventajas fiscales para contribuir a la reactivación económica del sector inmobiliario y de la construcción.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, encargado de defender el Proyecto de Ley, ha explicado que esta propuesta incorpora medidas de política tributaria que establecen un diferencial fiscal en el IGIC para la inversión en vivienda nueva e incentivos para la reforma y rehabilitación de viviendas.

En el primer ámbito, el texto incluye una reducción de los tipos del IGIC que pasan del 5 al 2,75 por ciento para incentivar la compra de vivienda nueva. Con su aplicación, el ahorro fiscal para el comprador de una vivienda de 150.000 euros será de 3.375 euros.

En segundo lugar, se trata de impulsar las obras de rehabilitación y reforma dada su gran potencialidad en la generación de empleo directo e indirecto. Con este fin se establece una deducción del 10 por ciento en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según los datos del Plan estatal de vivienda y rehabilitación, cada millón de euros invertido en la mejora de viviendas genera algo más de 56 contrataciones. Para el caso de Canarias, las estimaciones del Ejecutivo autonómico indican que estas medidas llegarían a generar en torno 11.000 contrataciones y ayudarían a aflorar parte de la economía sumergida que está asociada al sector de la construcción.

En cuanto a la deducción del IGIC, ésta será aplicable en la compra de vivienda nueva hasta el 31 de diciembre de 2012, aunque no se trata de una rebaja generalizada, ya que este beneficio será sólo para la compra de la primera vivienda habitual siempre que el coste total de la misma no supere los 150.000 euros, lo que beneficiará a los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva, según González Ortiz.

En cuanto a la reforma y rehabilitación de viviendas se reduce un 10 por ciento de la cuota autonómica del IRPF sobre los gastos derivados de la rehabilitación, que podrá aplicarse sobre una máxima anual de 5.000 euros. En el caso de que la obra total supere esa cantidad, la deducción podrá extenderse a lo largo de tres ejercicios hasta un máximo de 15.000 euros.

Además, se contempla una bonificación de hasta el 12 por ciento para las obras destinadas a mejorar la accesibilidad de una vivienda en la que habite una persona con discapacidad, ya sea el propietario, el cónyuge o cualquier pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado de parentesco que conviva con el propietario del inmueble.

En este último caso, la base máxima anual será de 7.000 euros y el importe total para el conjunto de los tres periodos impositivos ascenderá hasta 21.000 euros.

El consejero hizo hincapié en que con estas deducciones el Gobierno de Canarias impulsará la actividad de las empresas dedicadas a la rehabilitación y a la construcción de viviendas de canarias. Y en cuanto al posible impacto que estas medidas pudieran ejercer sobre el sistema tributario aseguró que, en términos de recaudación, no se verá afectado, pues el descenso inicial producido por la bonificación se verá compensado por la generación de capacidad económica.

"serias dudas"

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de NC Román Rodríguez dijo tener "poca confianza y serias dudas" de la eficacia del Proyecto de Ley, pues lo que determina la parálisis del sector inmobiliario y de la construcción no son cuestiones de tipo fiscal, sino la parálisis económica y financiera actual.

Asimismo, y al igual que hicieran los grupos del PP y el PSC-PSOE, consideró "inaceptable" el procedimiento legislativo elegido por el Gobierno de Canarias para sacar adelante este Proyecto de Ley, en tanto en cuanto "se cercena el derecho de la oposición a discutir y a presentar las aportaciones que hagan falta".

Mientras, el diputado popular Asier Antona entendió que este Proyecto de Ley "llega con retraso, es insuficiente y poco ambicioso", al tiempo que también dudó de que "dé respuesta a la grave situación económica por la que pasa la Comunidad Autónoma".

Desde su punto de vista, esta iniciativa "no va a minimizar los efectos negativos que, en cuanto a estos dos sectores, vienen produciéndose desde 2007, puesto que el Gobierno de España puso en marcha esta medida el pasado mes de agosto y no ha tenido ningún efecto".

Además, consideró que resulta "insuficiente" porque plantea la reducción del 5 al 2,75 por ciento del IGIC para incentivar la compra de vivienda nueva sólo cuando no se superen los 150.000 euros, y no tiene en cuenta si el coste de la vivienda es superior a esta cantidad o si la vivienda que se adquiere es de segunda mano.

Por último, el Grupo Socialista compartió que el trámite elegido para aprobar este PL no es quizás el adecuado, pero sí quiso dejar claro que puede suponer un instrumento que puede ayudar a resolver los principales problemas que tienen el sector inmobiliario y el de la construcción.