El Gobierno extremeño ofrece a PSOE e IU negociar "una a una" las cuestiones "específicas" de cada enmienda

El Gobierno extremeño ha ofrecido al Grupo Socialista y a IU-Verdes-SIEX negociar "una a una" las cuestiones "específicas" recogidas en cada enmienda a la totalidad formulada por la oposición a los presupuestos regionales para 2012. Apostilla la Junta que su objetivo es "llegar a acuerdos en cada una" de dichas enmiendas, planteando como "único límite no incrementar ficticiamente los ingresos".

El Gobierno extremeño ha ofrecido al Grupo Socialista y a IU-Verdes-SIEX negociar "una a una" las cuestiones "específicas" recogidas en cada enmienda a la totalidad formulada por la oposición a los presupuestos regionales para 2012. Apostilla la Junta que su objetivo es "llegar a acuerdos en cada una" de dichas enmiendas, planteando como "único límite no incrementar ficticiamente los ingresos".

De ese modo lo ha apuntado el Ejecutivo regional en un comunicado de prensa en el que informa de que las negociaciones mantenidas con PSOE e IU sobre los PGEx 2012 "siguen abiertas" después de las reuniones celebradas durante este martes, día 13, también con el Grupo Popular.

El Gobierno de Extremadura destaca así el "buen clima de negociación" que se ha mantenido en las reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, que se iniciaron a las 11,30 con el Grupo Socialista, seguido del Grupo Popular y con IU-Verdes-SIEX, que se ha celebrado en la tarde de hoy.

Desde el Ejecutivo extremeño se manifiesta el "agradecimiento" a los grupos parlamentarios que han estado "abiertos al diálogo", en un "tono cordial", aunque añade que "de momento, la negociación sigue abierta y no se han alcanzado puntos de encuentro concretos o definitivos". OFRECIMIENTOS

El Gobierno de Extremadura ha ofrecido a las tres fuerzas políticas "avanzar" en una serie de "acuerdos" que "amplían las propuestas hasta ahora abordadas en los contactos anteriores". Por un lado, el Gobierno ha propuesto abrir una negociación sobre los gastos, transferencias corrientes y sobre las inversiones, una medida de "impacto directo" en el Presupuesto regional.

Por otra parte, el Ejecutivo ha planteado también medidas de "impacto indirecto" en el desarrollo presupuestario y que incidirán en la "ejecución" de las cuentas regionales, como son las propuestas de negociación sobre un Plan de Enajenación de Patrimonio, un Plan de Simplificación y Austeridad administrativas y, por último, la constitución "inmediata" de la Oficina de Control Presupuestario.

Sobre el primer punto, el Ejecutivo ha planteado a los grupos parlamentarios abrir una negociación para que se alcance un acuerdo sobre qué patrimonio es "susceptible de ser enajenado" por el Gobierno de Extremadura. Esta oferta "trasciende" a la propuesta de enajenación de viviendas sociales e "incluiría todas las partidas de patrimonio público que se estimen oportunas por consenso".

En segundo lugar, el Gobierno extremeño ha ofrecido un Plan de Simplificación y Austeridad administrativas, que desarrolla uno de los puntos contemplados en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, un aspecto que "incidiría especialmente en la eficiencia y eficacia del gasto público", explica la Junta.

Oficina control presupuestario

Y, en tercer lugar, y también dentro del bloque de medidas de impacto presupuestario "indirecto", el Gobierno de Extremadura ha propuesto a los grupos parlamentarios un acuerdo para "impulsar la constitución" de la Oficina de Control Presupuestario en el Parlamento. Se trata de un compromiso también vinculado a la propia reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura y sería un organismo "independiente, neutral y sin costes adicionales". Supervisaría el presupuesto y dispondría de información "continua" sobre déficit, deuda (incluida deudas a proveedores) y ejecución presupuestaria, añade el Ejecutivo autonómico.

Finalmente, el Gobierno de Extremadura resalta que quiere incidir en la "necesidad" de "subsanar" en 2012 los "desequilibrios" de los presupuestos de 2011 (y explica que se refiere a 170 millones de euros que no se recaudaron en concepto de deuda histórica o 98 millones de euros de enajenación de vivienda), con el objetivo de "recuperar la confianza" y de "corregir desequilibrios, no de profundizar y avanzar en ellos".

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