El Partido Popular ha admitido este lunes en el Pleno del Parlamento que hubo un "exceso de optimismo" la pasada legislatura en la aprobación, por unanimidad de todos los grupos, de la Ley de creación de la entidad pública empresarial del 112, que hasta entonces se gestionaba como una sociedad anónima, con socios privados.

El cambio de criterio le ha sido reprochado al PP, ahora en el Gobierno, por los grupos de la oposición Socialista y Regionalista. Este último había presentado una proposición no de ley instando a cumplir ese mandato legal, que ha sido rechazada con los votos del Grupo Popular.

Pero el diputado 'popular' Julio Bartolomé ha explicado que entonces se "ocultó" la problemática de esa entidad, que había acumulado pérdidas por valor de 1,1 millones de euros, superiores a su capital, de 750.000. Es decir, había "fondos propios negativos" que exigían aportaciones de todos los socios para evitar la situación de quiebra.

Así que el cambio de sociedad anónima a pública le costaría al erario público unos 300.000 euros, según ha afirmado Bartolomé, quien ha asegurado que, en base a estos datos, "no es de extrañar que negaran al PP información financiera" sobre las empresas públicos.

La "ocultación" de datos ha sido negada por la diputada regionalista Rosa Valdés, quien defendía la proposición no de ley, y que recordó que cuando se aprobó el texto la pasada legislatura, desde el PP ya se habló del "desastre de gestión" y la "enorme deuda" con sus proveedores.

Valdés ha censurado la "incoherencia" del PP y sus alusiones a la "quiebra técnica" de la entidad, criticando que se apliquen "criterios economicistas" a cuestiones relacionadas con la seguridad, mientras que el diputado socialista Francisco Fernández Mañanes, cuyo grupo apoyó la iniciativa del PRC, ha expresado su "sorpresa" por el incumplimiento de una ley que los 'populares' apoyaron "entusiastamente". NOMBRAMIENTOS

En la sesión plenaria de este lunes, el Parlamento ha aprobado la designación de sus representantes en el Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC). El PP propuso al director general de la Fundación Marcelino Botín, Íñigo Sáenz de Miera y al presidente de las aulas de la Tercera Edad UNATE, Modesto Chato, mientras que el PSOE presentó al ex director general de Ordenación Educativa, Ramón Ruiz; y el PRC, al concejal de Santander Francisco Sierra.