El asesino múltiple de Olot, Pere Puig, juzgado desde este lunes en la Audiencia de Girona, se ha negado a responder a las preguntas del fiscal y de las acusaciones, por lo que solo se podrá escuchar su testimonio respondiendo a su abogada, Núria Masó.

No obstante, el acusado sí deberá escuchar todas las preguntas que había previstas para él.

La sala donde se celebra el juicio, que ha generado una gran expectación, está completamente llena este lunes por la tarde, con algunos familiares de las víctimas, a la espera de escuchar las explicaciones de Pere Puig.

El 'sheriff' de Olot está imputado por cuatro delitos de asesinato perpetrados en el bar 'La cuina de l'Anna' de La Canya y en la oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de Olot el 15 de diciembre de 2010.

El fiscal del caso, Víctor Pillado, pide para el procesado 20 años de prisión por cada uno de los cuatro asesinatos —aunque solamente podrá cumplir el triple de la pena más elevada, es decir, 60 años como mucho—.

El Ministerio Fiscal no tiene en cuenta que Puig actuara a plena luz del día, que se entregara a la Policía Local de Olot ni que diera todo lujo de detalles al juez y a las partes; para el ministerio público, no existe ninguna circunstancia atenuante por confesión ni colaboración de la justicia.

Las acusaciones particulares de la familia de Joan y Àngel Tubert —los jefes de Puig— y de Anna Pujol —la empleada de la CAM— se suman a las penas requeridas por el fiscal de 20 años por cada crimen; mientras que el abogado que representaba a la familia de Joan Turró, el otro trabajador de la entidad bancaria, presentó en su momento un escrito renunciando al ejercicio de la acusación y adhiriéndose a todo lo solicitado por el fiscal.

Su abogada pide su absolución

Por su parte, la abogada de la defensa de Puig, Núria Masó, en total disconformidad con el Ministerio Público y las acusaciones particulares, reclama la libre absolución del acusado al considerar que no existe delito.

Por lo que a la responsabilidad civil se refiere, el fiscal propone que Puig indemnice a los familiares de las cuatro víctimas con un total de 514.000 euros por los daños morales ocasionados.

Añade una indemnización de más de 6.000 euros para uno de los clientes del bar que sufrió secuelas de pérdida de oído por culpa de los disparos; otra de 2.213 euros para los dueños de 'La Cuina de l'Anna' por daños materiales, y otra más de 6.622 euros por las destrozas materiales ocasionadas en la CAM.