La Audiencia de Cantabria juzgará este lunes 12 y martes 13 por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a J.M.C., el contable del club La Aguada de Piélagos, que el pasado mes de octubre ya fue juzgado por un delito de prostitución contra mujeres extranjeras y que en el pasado ha sido condenado en varias ocasiones por delitos de tráfico de drogas.

J.M.C. será juzgado junto a su exmujer A.C.S., y su hija A.M.C., los tres por el mismo delito, por los que se les piden desde el Ministerio Fiscal penas que suman 13 años y medio de prisión y multas económicas por valor de 570.000 euros, por usar sociedades "tapadera", sin actividad, para realizar inversiones con las que "enmascarar" el origen del dinero, que era el tráfico de drogas.

En concreto, para el principal acusado se piden 6 años de prisión y multa de 300.000 euros; para la exmujer, 3 años y nueve meses y multa de 220.000 euros, y para la hija, 3 años y nueve meses y multa de 50.000 euros. El Fiscal pide además el comiso de bienes por importe de más de 270.000 euros por incremento patrimonial ilícito.

En el escrito de calificaciones, el Ministerio Fiscal pone de manifiesto que el procesado ha vivido "permanentemente" ligado al narcotráfico, hasta el punto que, de manera "directa o indirecta", esta actividad se ha constituido en "su única fuente de ingresos" y de adquisición de bienes, pese a que luego no aparecieran o lo hicieran a nombre de otras personas.

Entre esas personas se encontraban sus suegros, que ya fueron condenados en otra ocasión. Él, entre 1996 y 2003 sólo declaró ingresos por valor de 29.338 euros, pero la Fiscalía le ha detectado un montante injustificado de 24.000, procedentes del tráfico de drogas, y de 120.202 euros por una de sus sociedades.

Su hija, por ejemplo, declaró entre 1999 y 2001 por rendimientos del trabajo 8.552 euros, pero adquirió bienes por valor de 34.276, lo que arroja un desfase patrimonial superior a los 25.000 euros. En concreto, en ese período se hizo con inmuebles por valor de 18.407 euros o un vehículo por un importe de 15.373 euros.

Y su esposa, con una sociedad a su nombre, realizó inversiones injustificadas por valor de 108.182 euros que ella, en su escrito de defensa, justifica como fruto del "esfuerzo de su trabajo" y de la ayuda de sus familiares, con el que consiguió el dinero "honradamente".

Gracias a ese apoyo pudo comprar el "escaso patrimonio" con que cuenta, y que ella reduce a su casa, un local comercial y una vivienda rústica en Piélagos, "vieja y en mal estado de conservación", por lo que pide la libre absolución.

El principal acusado, J.M.C., por su parte, cuestiona el "caótico" procedimiento judicial, tras recordar que la causa proviene de otra, en la que el Ministerio Fiscal no llegó a imputarle, y alega que, en todas las sociedades por cuya participación se le imputa, lo era junto a otros socios —cuya implicación se va a juzgar en una causa aparte para no alargar más el juicio, algo que esta parte rechaza—. OPERACIONES

La Fiscalía sostiene que el acusado, para "enmascarar" el origen del dinero, constituía sociedades con las que realizaba operaciones de inversión inmobiliaria que en realidad eran "tapaderas".

Una de esas sociedades la creó en 1997 junto con otra persona, ya condenada, y puso la sede en un local de Santander que antes había vendido a sus suegros. A esta sociedad no le constaba actividad económica, y declaró ingresos de 32.013 euros, frente a pagos de 41.754.

Ese local sería comprado después por una sociedad a nombre de su exesposa, su suegro y su otro hijo, que constituyeron en el un bar, sociedad controlada "en todo momento" por J.M.C.

Esa misma sociedad fue la que, antes incluso de iniciar su actividad, adquirió el local La Aguada, en Piélagos, que arrendó a otro de sus socios. Es por la actividad en este local, junto a otro en Burgos, por el que fue juzgado en octubre.

Junto a otros dos socios en una sociedad diferente creada en 2003, adquirió el terreno de al lado del local, por un precio de 30.050 euros "sin ingresos que justifiquen" la actividad de esta entidad, que también adquiere vehículos.

Con otras tres personas, en una nueva sociedad, se hacen con una finca y restaurante en Ribadesella (Asturias), por un importe de 480.809 euros.

El juicio de octubre

J.M.C. vuelve así al banquillo de la Audiencia de Cantabria, en el que se sentó, junto a otros cuatro acusados, el pasado mes de octubre, en un juicio por el que se pedían contra el 33 años de prisión y 30 para el resto de miembros de la red y del que aún no se conoce la sentencia.

Según el relato del Fiscal, los acusados, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad brasileña y compañera sentimental del cabecilla de la red, J.M.C., condenado anteriormente por tráfico de drogas, captaban a las mujeres en países de Sudamérica, en especial, en Paraguay y Brasil.

Por medio de personas establecidas en esos países, contactaban con las chicas y les ofrecían ejercer la prostitución en España, aunque a algunas las engañaron con otros supuestos trabajos, como el de camarera, ofreciendo el trabajo para los locales propiedad del jefe de la organización. Les pagaban el billete a España y les facilitaban dinero suficiente para entrar como turistas.

Una vez que aterrizaban en nuestro país, eran recogidas en el aeropuerto y trasladadas a dos locales -el de Renedo de Piélagos y otro en Ponferrada (León)- donde eran recluidas en habitaciones con condiciones mínimas de habitabilidad. Les prohibían salir del local y les impedían usar el teléfono.

Además, les obligaban a trabajar como prostitutas hasta devolver la deuda que habían contraído; deuda que crecía constantemente, porque debían pagar el alojamiento y las comidas en el club.

Los acusados llevaron a cabo estas actividades, al menos, durante el año 2006 y en la primera mitad de 2007.

El fiscal califica los hechos como delitos de detención ilegal, explotación de la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Durante el juicio, el acusado defendió que se limitaba a ser el contable del club, aunque los agentes que instruyeron la causa le señalaron como responsable de todo el entramado. J.M.C. aseguró entonces que trataba "como un padre" a las "chicas", que, en realidad, se alojaban en el Aguada —y en otro local en León—, clasificado como hotel, y concertaban los encuentros en el bar.

En las sesiones, una testigo protegida, ya fallecida, declaró en su día, que las prostitutas trabajaban en condiciones "extremas" y tenían "miedo", pero el resto, que declararon como testigos, negaron sufrir amenazas y el resto de acusaciones.