La ex concejala de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo Concepción García y el antiguo director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Alejandro Álvarez, se enfrentan esta semana a una década de inhabilitación especial para empleo o cargo público acusados de un delito continuado de prevaricación.

Según informó la Fiscalía, la primera como autora directa y el segundo como cooperador necesario "dejaron de resolver voluntariamente numerosas reclamaciones que se presentaron ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor o las resolvieron de forma completamente arbitraria", "sabiendo que con ello infringían la ley".

La situación se prolongó desde el año 2005 hasta sus respectivos ceses, el 27 de junio de 2008, en el caso de la edil, y el 23 de mayo de 2008, en el caso del director de la OMIC. CADUCARON 756

Reclamaciones en tres años

Como consecuencia de ello, bajo su responsabilidad caducaron 61 de las 248 reclamaciones presentadas en 2005; 320 de las 448 de 2006 y 375 de las 981 de 2007. Además, durante estos años "tampoco tramitaron ningún expediente en el ejercicio de la potestad sancionadora municipal".

Las respuestas de los acusados iban desde instar a los ciudadanos a resolver sus divergencias en "el órgano jurisdiccional competente" a señalar que la Oficina -ubicada en la calle Uría- "no iba a hacer gestión alguna" o, incluso, a comunicar que el caso "no tenía solución" y a pedir al autor de la reclamación que "dejara de marear".

Entre las víctimas del supuesto delito figura la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) que durante los años 2005 y 2006 presentó ante la Agencia de Sanidad y Consumo del Principado varias reclamaciones frente a empresas domiciliadas en Oviedo, que ésta remitió al Ayuntamiento al considerar que los hechos podían ser objeto de una infracción administrativa de su competencia.

El Ministerio Público sostiene que tampoco en este caso "ninguno de los dos dio contestación a las diversas peticiones de información realizadas por la UCE sobre el estado de los expedientes, que los acusados dejaron de resolver conscientemente".

Considera además que "era evidente que se trataba de cuestiones relativas a la protección del consumidor, ya que eran relaciones entre usuarios y empresarios y no de particulares o empresarios entre sí" y opina que los dos acusados, por su condición, "conocían que podían integrar una infracción administrativa en materia de consumo".

Los acusados, que carecen de antecedentes penales, serán juzgados los días 13, 14 y 15 de diciembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. El fiscal ha citado a declarar a doce testigos, entre los que se encuentra el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso.

La ex concejala del PP ejerció su cargo en materia de educación, comercio, sanidad y consumo hasta el 27 de junio de 2008, si bien continuó como integrante del equipo de Gobierno hasta las municipales de 2011. Además, desde el pasado mes de noviembre forma parte de la comisión de control de Cajastur, en sustitución de la diputada 'popular' Isabel Pérez-Espinosa.