El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía ha registrado este viernes ante la Mesa del Parlamento un escrito en el que solicitan a su presidenta, Fuensanta Coves, para que, a través de una convocatoria "urgente" de dicho órgano, reclame a los servicios jurídicos un informe relativo a las enmiendas presentadas y admitidas a trámite este miércoles día 7 por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley 8-11/PL-000012, por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, y la suspensión cautelar de su tramitación en tanto no se conozca dicho dictamen jurídico, al entender que, de las 14 enmiendas a su articulado presentadas por los socialistas, doce no tienen "ninguna conexión material" con dicho proyecto de ley.

Así lo han anunciado este sábado en una rueda de prensa celebrada en Sevilla el vicesecretario de Política Económica del PP-A, Rafael Carmona; el secretario general del Grupo Popular en el Parlamento, Jorge Ramos, y el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Jaime Raynaud, quienes se apoyan para justificar dicha petición en jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) a partir de sentencias como la 119/2011, de 5 de julio, en la que se fundamenta la "necesidad" de que exista una "correlación material entre la enmienda y el texto enmendado" por el "carácter subsidiario" que tienen éstas respecto a aquel.

Se trata de doce enmiendas que modifican, según ha explicado Jorge Ramos, un total de dos decretos, cinco leyes e "incluso" el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma de 2012, a pesar de que "aún no está aprobado", y al que, por ese motivo, se designa como "XXX".

En concreto, las normas que quedarían modificadas con esas enmiendas, al margen de los Presupuestos, serían, según el PP-A, el Decreto 1/2009 en materia de tributos cedidos; el Decreto 65/2008 de reglamento del juego del bingo en Andalucía; la Ley 11/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de Andalucía; la Ley 3000/2009 del plan Proteja; la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público y, por último, la Ley 2/1986 de juegos y apuestas de Andalucía.

Esas modificaciones implicarían, según ha explicado Raynaud, entre otras cuestiones, "incorporar deducción por proyectos que sean considerados de 'interés estratégico' para la Junta de Andalucía; incorporar determinados funcionarios a la escala máxima de las Consejerías o de empresas dependientes de la Junta, o, en el caso del Plan Proteja, tratar de que el retraso de obras se amplíe hasta marzo de 2012, y que si ha habido una diferencia entre la cantidad a licitar y el de la cantidad a adjudicar, el dinero sobrante recaiga sobre la Corporación municipal y el proyecto para el que ha sido adjudicado el dinero".

"El abanico es amplio", ha señalado Raynaud, que es el ponente 'popular' de este proyecto de ley, quien ha alabado la actuación en la Comisión de Hacienda del grupo parlamentario de IU, que presentó dos enmiendas que "se ajustan literalmente al punto único" de dicho proyecto de ley.

"atropello democrático"

A juicio de Ramos, que está convencido de que el informe jurídico solicitado "les dará la razón", el PSOE-A, con esta actuación, "se ha quitado sin rubor la careta y ha mostrado su cara más autoritaria" protagonizando un "atropello democrático". Además, el secretario del Grupo Parlamentario Popular ha señalado que el letrado de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz —en la que se aprobaron las referidas enmiendas— mostró "reservas sustanciales" a dichas normas por "no ajustarse al espíritu" de dicho proyecto de ley, que consta de un único punto con dos apartados.

En la misma línea, el ponente 'popular' de este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda de la Cámara andaluza, Jaime Raynaud, no ha dudado en tachar de "auténtica burla" lo sucedido, que, en su opinión, ha supuesto una "adulteración del reglamento". Además, ha explicado que las sentencias del TC que esgrimen para justificar su rechazo a la aceptación de estas enmiendas —de 5 de julio y 13 de septiembre de 2011— se emitieron a partir de reclamaciones que realizó el PSOE ante "hechos similares" ocurridos en el Congreso de los Diputados y el Senado, por lo que, en el Parlamento andaluz, estaría contradiciendo su postura anterior e incurriendo en una "incoherencia".

"desaguisado jurídico"

El "desaguisado jurídico" llega a tal punto, según Raynaud, que los socialistas "han tenido que referirse al proyecto de ley de los Presupuestos como la 'ley XXX', porque, al no estar aprobado aún, no tiene nombre", algo que "no tiene parangón ni antecedente parlamentario", y que el representante 'popular' atribuye a las "cuitas internas" en las que ve "enfrascado" al PSOE a nivel nacional, que le harán "tener la cabeza en otra cosa".

Por su parte, Rafael Carmona se ha mostrado convencido de que esta actuación "pone de manifiesto el final de un régimen decadente, el del PSOE en Andalucía". Además, el vicesecretario de Política Económica del PP-A ha aprovechado la ocasión para criticar al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que, a su juicio, "parece que se cree que el poder legislativo es suyo, cuando tiene sus normas y procedimientos". "La actitud de Griñán es la de la falta de respeto a las reglas de juego", según Carmona, para quien el jefe del Ejecutivo andaluz "no tiene ningún respeto especial a los procedimientos, a las normas ni al protocolo".

En este sentido, Ramos ha anunciado este sábado que su partido no descarta recurrir "a otras instancias" si no logran su propósito de suspender la tramitación de este proyecto de ley y "evitar así un daño mayor".

Por último, a juicio de Raynaud, esta circunstancia "pone de manifiesto el descontrol que el PSOE tiene sobre la gestión de la Junta", que le lleva, además, a "retrotraerse cinco años para enmendar leyes de 2007 y 2008".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, a través de sus miembros en la Mesa del Parlamento Patricia del Pozo y José Luis Aguilar, quienes firman el escrito presentado ante este órgano de la Cámara este viernes, entienden que, "al no haberse producido el juicio de homogeneidad de las enmiendas con el texto a enmendar", se ha producido una "infracción de la legalidad parlamentaria".