En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acuerda abrir una pieza separada contra el abogado del exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros, después del incidente acaecido el pasado día 24 de noviembre, cuando el letrado abandonó el despacho de la juez en pleno interrogatorio a su patrocinado al entender que "no estaba en condiciones" de defenderlo ante las preguntas de la instructora.

De este modo, la juez Mercedes Alaya abre esta pieza separada al objeto de "determinar la posible responsabilidad disciplinaria en la que haya podido incurrir" el abogado de 'Pizo' Gómez, José María Calero, al que cita a las 10,30 horas del próximo jueves "para que formule las alegaciones que estime oportunas de conformidad con lo dispuesto" en el artículo 555 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El incidente en cuestión acaeció el pasado día 24 de noviembre, cuando la magistrada requirió al imputado para que explicara "por qué aparece como titular en nueve cuentas bancarias en los ejercicios 2008 y 2009, y como autorizado en otras ocho", a lo que el imputado contestó que "maneja tres o cuatro cuentas personales, y el resto corresponden a empresas con las que trabaja", punto en el que la juez le preguntó "con cuantas empresas actúa o trabaja".

En ese momento, el letrado del exfutbolista comenzó a hacer "continuos gestos" a su defendido, por lo que la juez le recriminó "para que deje de hacerlo" —incluso le llegó a decir "tranquilo en la silla"—, a lo que el abogado respondió que "le está indicando con estos gestos a su defendido que se acoja a su derecho constitucional a no declarar", a pesar de que el imputado "acaba de manifestar a todos los presentes que no tiene ningún inconveniente en seguir declarando".

A continuación, el letrado "sigue haciendo gestos desoyendo las órdenes" de la magistrada, quien también comunicó al abogado que "debía de haber instruido a su cliente antes de entrar en la declaración si quería que se acogiera a su derecho a no declarar", a lo que Calero respondió que "creía que ésta iba a ser una declaración normal, ya que se le están preguntando por sus cuentas bancarias".

La juez le informó de que "puede entrevistarse con su cliente antes y después de la declaración, pero no en medio", no obstante lo cual el abogado "sigue haciendo gestos" y, tras ello, abandonó la sala "pues considera que no está en condiciones de seguir asistiendo al cliente". HASTA 491.424,43 EUROS

Tras la salida del letrado, el imputado decidió acogerse a su derecho a no declarar, pero como la juez manifestó su intención de formular las preguntas para que quedara constancia en el acta, el letrado de otro de los imputados asumió la defensa del exfutbolista, a quien la magistrada imputa que, por mediación del que fuera su jefe hasta 2005 en la empresa Cenforpre, con el que Empleo había mantenido "determinadas relaciones", logró suscribir como asegurado el 1 de agosto de 2007 una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido, de las que fue tomadora la Consejería de Empleo.

Según la juez, el imputado percibiría, "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas", 491.424,43 euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, que se ingresaron en su cuenta corriente y que "cobró íntegramente". Con el importe de tales rentas, y según reconoció el propio imputado en la Policía, fue abonando las cuotas de amortización de un préstamo de 500.000 euros.