En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo relata que el 9 de julio de 1999 el acusado contrajo matrimonio con la madre de la víctima —de nueve años— y todos ellos se trasladaron a vivir a Los Palacios y Villafranca, donde, "aprovechando los numerosos momentos en que se encontraba a solas con la niña y el ascendiente que sobre ella tenía por la relación cuasi paternal que les unía, comenzó a someterla a diversas prácticas sexuales para satisfacer sus deseos libidinosos".

En este sentido, señala que la menor no opuso resistencia "por el temor que le inspiraba" el imputado, quien le llegó a advertir "de que algo podía pasar si se lo contaba a su madre, todo lo cual la determinaba a consentir lo que el acusado le hacía"; esta situación de "temor" provocó que la víctima durmiera con un cuchillo guardado debajo de la cama "al poco tiempo de producirse" los hechos.

De esta manera, y hasta el nacimiento en 2003 del hermano de la víctima, el acusado aprovechó las ausencias de su esposa para abordar a la menor cuando se hallaba tendida en el cuarto de baño, el sofá del salón de la vivienda o en el colchón que allí instalaban, lo que se produjo "en numerosas ocasiones, a veces hasta dos veces por semana y muy especialmente los sábados por la mañana y con mayor frecuencia durante los periodos de vacaciones escolares, coincidentes con las laborales" del procesado.

"clima de miedo y tensión"

Asimismo, y cuando la menor se encontraba durmiendo en su habitación, el acusado aprovechaba para entrar y acostarse sin ropa interior junto a ella. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un cuadro de trastorno por estrés postraumático para cuya curación ha precisado de asistencia terapéutica y psicológica, recibiendo el alta en 2009.

El Supremo considera probado que el acusado llevó a cabo los distintos actos de contenido sexual "en un contexto intimidatorio, un clima de miedo y tensión en la víctima que la llevó a dormir con un cuchillo bajo la cama por miedo a nuevos acercamientos del procesado".

Por estos hechos, el Supremo condena al acusado a cinco años de prisión por un delito continuado de agresiones sexuales con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, así como a la prohibición de acercarse a la menor durante otros cinco años y al pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales.