El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento de Calatayud que busque una solución a la situación de un vallado situado en un solar de la calle Justo Navarro de esta localidad zaragozana.

En una sugerencia, propone al consistorio que, en relación con el vallado del solar de esta calle, ordene una visita de comprobación por parte de los servicios municipales de Inspección del estado y situación actual del vallado, valorando la posibilidad de adoptar las medidas precisas para retranquear la valla a la alineación oficial respecto de la vía y facilitar así el libre tránsito por la acera.

Asimismo, el Justicia espera una respuesta del ayuntamiento bilbilitano, indicando si aceptan o no su sugerencia, en un plazo no superior a un mes.

La propuesta se realiza después de que el día 24 de marzo de este año entrara en el registro de esta institución una queja en la que se explicaba que el 2 de diciembre de 2009 y el 15 de noviembre de 2010 una comunidad de propietarios solicitó al Ayuntamiento de Calatayud la retirada de la valla que circunda la acera del solar de la denominada 'Casa Azul', en la calle Justo Navarro, número 2 de la ciudad.

La comunidad de propietarios explicaba en su escrito que la valla "sobresale unos seis metros de ancho del solar y 80 metros de largo, dificultando la salida de coches del garaje" de la comunidad de propietarios indicada.

En el año 2003, cuando ocurrió el siniestro del hundimiento de la 'Casa Azul', se informó de que la colocación de la valla en cuestión iba a ser por corto espacio de tiempo, ya que se preveía que la reconstrucción del edificio fuera inmediata, pero han transcurrido siete años sin que ello haya tenido lugar.

Respuesta del ayuntamiento

Tras admitir a supervisión esta queja, el Justicia dirigió el 31 de marzo de este año un escrito al consistorio para recabar información sobre las previsiones de retirada de la valla y, en su caso, los motivos que lo impedían.

El 12 de abril, el ayuntamiento respondió a la petición del Justiciazgo, adjuntando un informe redactado por los Servicios Técnicos Municipales en el que se explica que finalizado el derribo de la 'Casa Azul', en 2003, la Comunidad de bienes propietaria del solar procedió a su cerramiento mediante vallado de chapa "de considerable solidez y altura, que se instaló alineándolo con el límite exterior de la acera que rodeaba el solar, utilizando dicha acera para apoyarlo".

Así, el consistorio afirmaba en su respuesta que "no es cierto que sobresalga seis metros del solar, sino tan sólo la anchura de la acera de entre 1,50 y 2,00 metros" y, a su juicio, "no cabe retranquear el vallado dejando expedita la acera, pues la estructura que debería instalarse en el interior del solar, bajo rasante, para garantizar la solidez del cerramiento harían antieconómica la operación, sobre todo teniendo en cuenta las pérdidas sufridas por los propietarios del inmueble que, de un día a otro, se quedaron sin casa".

No obstante, el Ayuntamiento de Calatayud aseguró, en la información remitida al Justicia, que esta valla no dificulta la salida de vehículos del garaje comunitario de los reclamantes, por varias razones: la primera porque se trata de una calle de un sólo sentido y nada impide la visibilidad al vehículo que sale del garaje de los coches que vienen por su izquierda, al estar el vallado situado a su derecha.

"La segunda porque el vallado se halla retranqueado en la colindancia con la casa de los reclamantes; la tercera, porque únicamente afecta a la acera, existiendo junto al mismo una zona azul de estacionamiento en línea y, por último, porque se trata de una calle de 15 metros de anchura", subraya el consistorio, si bien admite que la instalación de este vallado está durando "más tiempo del deseado".

Más información

Después de recibir esta información, el Justicia envió nuevos escritos al consistorio bilbilitano, los días 29 de abril y 17 de junio, solicitando ampliar los datos recibidos, sobre quién solicitó la licencia para instalar el vallado y sus características, la situación del mismo y las gestiones del propietario del solar para su edificación y la indicación de si el vallado en cuestión está amparado por licencia urbanística.

Se recibió respuesta el 6 de mayo y, de nuevo, el 24 de junio, detallando que la instalación del vallado se llevó a cabo, sin solución de continuidad, tras el derribo de la 'Casa Azul', por la propia Comunidad de Bienes al amparo de la licencia de demolición y en cumplimiento de la obligación de cerramiento de solares contenida en el Plan General de Ordenación Urbana.

Asimismo, el consistorio insistía en su respuesta en que "el cerramiento se realizó incluyendo la acera perimetral donde se apoyan los estabilizadores del mismo por evidentes razones de seguridad" y que esta situación "se ha prolongado por más tiempo del previsto inicialmente debido a las dificultades para emprender las obras de la nueva edificación".

Buscar una solución

Tras estudiar la Ley de Urbanismo de Aragón, y ante los datos recibidos, el Justicia aprecia que la colocación de la valla en cuestión carece ya del carácter de "provisional" o "temporal" que en su día se le dio, dado que han transcurrido más de siete años desde su instalación sin que, a fecha de hoy, se tenga conocimiento o previsión futura de su retirada, si bien esta circunstancia "no es imputable al Ayuntamiento, sino a los titulares del solar".

Por otra parte, señala que "no puede obviarse" el hecho de que este cerramiento está ocupando un espacio público, ya que se asienta sobre una parte de la calle Justo Navarro, "haciéndola intransitable para los viandantes" en un tramo, "en contraposición con la situación observada respecto de la misma valla en el lado de la calle Galdar, en la que se ha procedido a su retranqueamiento".

En este sentido, la necesidad de que por parte del Ayuntamiento de Calatayud se revise el estado del vallado objeto de este expediente para comprobar si sus actuales características y situación son las adecuadas teniendo el cuenta el fin para el que se instaló —cerramiento de un solar—, unido al hecho de que durante más de siete años ha estado ocupando una vía pública, "impidiendo el normal deambular por la misma a los vecinos", ha llevado al Justicia a dirigirse al consistorio con el objetivo de buscar una solución a la cuestión planteada.