El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este viernes, 9 de diciembre, a partir de las nueve de la mañana, las enmiendas a la totalidad del PRC y el PSOE al proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2012, así como al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el próximo ejercicio.

Las enmiendas a la totalidad no tiene posibilidad de prosperar, dado que el partido que sustenta al Gobierno, el PP, cuenta con mayoría absoluta en la Cámara (20 de 39 diputados), lo que le garantiza que tanto los presupuestos como la conocida como Ley de Acompañamiento seguirán su tramitación parlamentaria, de cara a su aprobación definitiva, prevista para los últimos días del año, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero.

La presentación de enmiendas de totalidad es una práctica habitual por parte de los grupos de la oposición pero no supone alteraciones en el calendario de tramitación del presupuesto. A efectos prácticos sólo repercute en que los grupos que las promueven disponen de más tiempo para defender sus posiciones, ya que el debate de totalidad se celebra de todas maneras, haya o no haya enmiendas de los grupos de la oposición solicitando la devolución del proyecto de ley al Gobierno.

Superar el debate de totalidad supone, por otro lado, que se fijan las grandes cifras del presupuesto, de forma que en lo que resta de tramitación, ya sólo se podrán mover recursos dentro de una misma sección a través de enmiendas parciales.

Los presupuestos de Cantabria para 2012 ascienden a 2.439 millones, de los que 208 millones son gastos financieros, por lo que el gasto efectivo se sitúa en 2.231 millones de euros, un 0,16% menos que el de 2011, que contó con 2.235 millones de gasto no financiero.

ARGUMENTOS

En sus enmiendas a la totalidad, el PRC y el PSOE coinciden en buena parte de los argumentos esgrimidos para solicitar la devolución del proyecto presupuestario al Gobierno. Para el PRC, el presupuesto "denota inseguridad, improvisación y falta de ideas", pone de manifiesto "contradicciones e incumplimientos" del PP en "todas las áreas" de gestión y contiene "políticas equivocadas y contrarias a lo que Cantabria necesita".

A juicio de los regionalistas el primer presupuesto del Gobierno de Ignacio Diego no va a colaborar a modificar la tendencia al alzo del paro, "porque no atacan la raíz del problema, ya que minimizan su capacidad inversora, reducen los elementos de dinamización de la economía y se apartan de políticas de futuro puestas en valor por el anterior Gobierno regional, como las energías renovables o la inversión en obra pública productiva.

El PRC critica que en una situación como la actual disminuyan las partidas económicas destinadas a la política social en su conjunto, "produciéndose algunas situaciones verdaderamente injustas e inexplicables". Y denuncia además que el presupuesto retrocede en la función de redistribución de la riqueza y aumenta la presión fiscal de manera indiscriminada, creando aun más problemas a las personas más afectadas.

En su enmienda a la totalidad, el PSOE argumenta que el presupuesto presentado por el Gobierno de Ignacio Diego "no responde a la realidad económica de Cantabria ni a sus necesidades, porque no contiene las medidas adecuadas y necesarias para hacer frente a la actual situación y actuar como dinamizador de la economía con el objetivo de crear empleo".

Añade que Cantabria tiene a día de hoy 48.482 parados, 7.500 más que cuando el PP llegó al Gobierno de Cantabria, lo que a su juicio es "fruto de la inacción, de la falta de decisiones y de la paralización de la región".

Los socialistas sostienen que el presupuesto "está basado en mentiras y falsedades en cuanto a los ingresos y a la recaudación de los impuestos que no hacen creíble su ejecución". Además, denuncian que es un presupuesto "sin objetivos" que "recorta las políticas sociales y las inversiones y aumenta el déficit y el endeudamiento" de la Comunidad Autónoma. El PSOE pide que se retire y que el Gobierno presente "un presupuesto real con cifras ciertas, que se ajusten a la realidad económica de la región".

Ley de acompañamiento

Por lo que se refiere al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativa, el PRC recrimina al Gobierno que lo haya remitido al Parlamento sin las preceptivas memorias económica-financieras que justifiquen la creación de nuevas tasas ni la elevación de las ya existentes.

En su opinión, las modificaciones tributarias introducidas en el proyecto de ley "eliminan criterios de solidaridad que son expresión de solidaridad con los más desfavorecidos y, no contienen un tratamiento fiscal más favorable para las familias". Además, el PRC considera que es "insuficiente para favorecer el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, estimular la implantación de nuevas empresas, el crecimiento económico y el consumo".

Los regionalistas consideran además, entre otras cuestiones, que la abundante reforma legislativa propuesta perjudica el principio de seguridad jurídica, al introducir modificaciones de leyes que "nada tienen que ver" con el objeto y naturaleza de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, y que "tampoco se encuentran fundamentadas en razones de imperiosa urgencia, incrementando una dispersión normativa siempre indeseable, y hurtando el debate parlamentario".

Por su parte, el PSOE sostiene que el proyecto de Ley de Medidas Fiscales "lesiona el principio de seguridad jurídica, es regresivo en la política fiscal y desprecia los compromisos del presidente del Gobierno".

Además, argumenta que el Gobierno "incumple" la Ley de Tasas y Precios Públicos al excluir la memoria económica-financiera que justifique la revisión del importe de las tasa que se modifican; así como también la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración al carecer de los informes preceptivos que justifiquen su legalidad y oportunidad.