El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Abarán, contra la sentencia que, en noviembre de 2010, dio la razón al funcionario José Luis G.T., por la vulneración, por parte del anterior equipo de gobierno, y durante cuatro años seguidos, de sus derechos fundamentales.

El demandado, el Ayuntamiento de Abarán, a través del anterior alcalde y del concejal de personal, ordenó la intervención del ordenador de trabajo del funcionario, según informó el sindicato UGT en comunicado de prensa.

Este funcionario, venía siendo acosado laboralmente por algunos miembros del equipo de gobierno de este ayuntamiento, según han demostrado ya dos sentencias, ya que desde julio de 2007, "vino sufriendo la alteración de su puesto de trabajo y el vaciamiento de contenido y funciones del mismo", además del traslado forzoso de su ubicación y funciones en la Oficina Técnica Municipal al Centro Integrado Multifuncional de Abarán.

El caso ha sido llevado desde el principio desde los Servicios Jurídicos de UGT en la Región de Murcia, constituyendo un nuevo logro en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores.

Estos hechos han quedado doblemente demostrados, tanto por la sentencia 494 de 19/11/2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Murcia y por la Sentencia del TSJ.

Según ha explicado el secretario general de UGT en la Comarca de La Vega del Segura, Teodoro Cánovas, la sentencia del TSJ "ya es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno".

Para Cánovas, "queda demostrada la grave situación de acoso laboral ejercida por varios miembros del anterior equipo de gobierno municipal contra este funcionario que sufrió persecución laboral, traslado forzoso de su puesto de trabajo, vaciamiento de contenido y funciones de su trabajo e incluso, la intervención de su ordenador de trabajo sin el preceptivo aviso y, por ende, todo ello constituye una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales".

Ahora, el funcionario podrá interponer una demanda contra el consistorio por daños y perjuicios, con petición de indemnización económica que podría superar los 100.000 euros.

Para Teodoro Cánovas, llegada la hora de las compensaciones económicas, "UGT entiende que dicha carga no debería recaer en la maltrecha economía del Ayuntamiento, a costa de todos los abaraneros, sino en los bolsillos de los responsables directos de las actuaciones que no deben quedar impunes".