La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ha dado a la Junta un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda —fecha en la que el responsable del ramo era el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán— relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno "a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L", partida también conocida como 'fondo de reptiles'.

En este sentido, conviene recordar que fue la representación procesal del PP quien, por medio de un escrito elevado a la juez el pasado día 17 de noviembre, interesó que se requiriera a la representación de la Administración autonómica para que aportara todos los expedientes "íntegros" tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda "para su aprobación por el Consejo de Gobierno" en cuanto a modificaciones presupuestarias "de las transferencias de financiación a IDEA, antiguo IFA, de los distintos programas de la Consejería de Empleo del año 2001 a 2010", una diligencia de prueba que ha sido admitida "parcialmente" por la magistrada.

En un auto fechado este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya pide los expedientes tramitados desde julio de 2005 por Economía y Hacienda "relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno, a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, bien por la Consejería de Empleo en sus distintos programas y especialmente para el programa 31L, o bien por otras consejerías, y de entre éstas, de manera significativa por la Consejería de Innovación y Ciencia", todo ello en un auto contra el cabe recurso de reforma a interponer en el plazo de tres días.

"verdaderas subvenciones excepcionales"

La magistrada pone de manifiesto, en sus razonamientos jurídicos, que "debe partirse de la premisa de que, pese a los informes de la Intervención General y más específicamente tras el informe definitivo de cumplimiento correspondiente a 2003 y el informe adicional que al mismo se acompaña —fechado el 25 de julio de 2005—, se siguió utilizando" por la Consejería de Empleo para la materialización de sus ayudas a terceros "la figura de la transferencia de financiación, realizando mediante las mismas, que específicamente estaban destinadas a financiar gastos corrientes de las empresas públicas, verdaderas subvenciones excepcionales".

A su juicio, todo ello se llevó a cabo "sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención, ni la verificación de las condiciones y fines para los que se habían concedido estas ayudas, prescindiendo —según tales informes de la Intervención General— de forma absoluta del procedimiento establecido y generando, entre otras consecuencias, la adopción de compromisos de obligaciones por parte de la Junta, superando los límites de los créditos presupuestarios".

Por este motivo, "y habiéndose notificado el resultado de tales informes no sólo a los consejeros de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, y al director de la agencia IDEA", sino también "al titular de la Consejería de Economía y Hacienda", la juez "considera "de especial interés" para la investigación que la representación legal de la Junta de Andalucía remita al Juzgado todos los expedientes anteriormente referidos, para lo que le da además un plazo de diez días.