La Audiencia Provincial de Albacete ha dejado visto para sentencia el juicio contra la exalcaldesa de Munera, L.V., a la que el actual alcalde, en nombre del Ayuntamiento, ha denunciado por posibles delitos de prevaricación y de falsedad documental en una serie de actuaciones realizadas durante los últimos años del mandato de ésta, entre 2004 y 2007.

El Ministerio Fiscal ha considerado que "sí existió delito de prevaricación en el contrato para la instalación eléctrica en la calle Canarias", y ha solicitado una pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Para el fiscal, en sus conclusiones, este contrato "se concede por resolución de Alcaldía y con conocimiento de los informes de reparo", y además se usa el procedimiento previsto para obras de menos de 60.000 euros "cuando sobrepasaba en casi el doble ese límite".

Por ello, ha insistido en que fue "una resolución injusta, en la que la reconoce que conocía la ilegalidad y sustituye el procedimiento legalmente previsto por su voluntad".

Del resto de los hechos juzgados el fiscal considera que "pueden ser constitutivos de una ilicitud administrativa pero no de prevaricación", y ha insistido, por otro lado, en que "no existe delito de falsedad documental".

Solicitan cinco años de prisión

La acusación particular ha solicitado cinco años de prisión, 10 de inhabilitación para cargo público, multa de 12 euros diarios durante 24 meses e indemnización al Consistorio en 64.493,67 euros por responsabilidad civil.

Según ha argumentado en su exposición final, L.V. incurrió "en un delito continuado de prevaricación", lo que supone "una forma clara de despreciar los procedimientos administrativos".

Ha advertido, además, que "todos los expedientes administrativos partieron del momento en que la secretaria tuvo conocimiento de las facturas".

Para la defensa, que sostiene que el inicio del procedimiento "parece más bien una venganza", los informes "no deben ser tenidos en cuenta" porque, a excepción de uno, emitido en diciembre de 2006, "los demás fueron entre abril y junio de 2007, en periodo electoral".

También ha criticado que en este periodo final del mandato de su defendida "se estaba preparando una batería de informes para iniciar un procedimiento penal".

Por todo ello, la defensa ha solicitado la absolución de la acusada, "que no es una delincuente".

L.V., por su parte, antes de finalizar la sesión, ha insistido ante el Tribunal que "nunca" se ha saltado la ley, "al menos de forma consciente".