La portavoz del PP-A en materia de Vivienda y parlamentaria andaluza, Alicia Martínez, ha advertido este jueves de que el Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, "ha recortado y condicionado", a través de una Orden publicada el día 18 de noviembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las ayudas para la compra de una vivienda de protección oficial (VPO).

En rueda de prensa, Martínez ha explicado que la citada Orden, de desarrollo de las actuaciones del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, supone un "auténtico recorte social". Y es que, según ha apuntado, en una disposición adicional única se establece que las ayudas a los préstamos podrán resolverse "año a año", independientemente de que las ayudas estuvieran inicialmente aprobadas.

"Alguien que tenga adjudicada a una vivienda protegida cuando vaya a un banco a solicitar una hipoteca, tendrá que decir que la Junta le va a subvencionar un tanto por ciento del préstamo, pero que no sabe por cuanto tiempo porque cada año le van a decir si se lo puede aprobar o no", ha manifestado la dirigente 'popular'.

Martínez, que ha considerado que ello va a ocasionar que los bancos no concedan los préstamos, ha destacado que primero fueron los recortes del presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, quien suprimió las ayudas a la compra de una vivienda, "y ahora son los recortes de Griñán".

En opinión de la diputada andaluza, lo recogido en esta nueva Orden aprobada por el Gobierno andaluz va en contra de la Ley del Derecho a la Vivienda, del derecho a la vivienda recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. "MINI-

Reforma" de la ley del suelo

De otro lado, en relación al proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Martínez ha asegurado que "llega tarde", al haber transcurrido cuatro años desde la aprobación de la ley estatal, y lo ha calificado como "una mini-reforma de alcance limitado, que no estimulará la situación que vivimos, limitando el crecimiento económico y la creación de empleo".

A este respecto, ha señalado que el Consejo Económico y Social ha destacado el carácter "parcial" de este proyecto de ley, instando al Gobierno andaluz a que redacte en un breve plazo "un refundido de toda la legislación urbanística en Andalucía". "Nos parece fundamental aclarar la maraña fundamental que en relación al suelo, al urbanismo y a la vivienda que existe en Andalucía". ha afirmado.

Martínez ha afirmado que el Gobierno andaluz ha sido "incapaz" desde el año 2002 de aprobar el desarrollo reglamentario de esta ley, por lo que a día de hoy se está trabajando con reglamentos del año 1978, "lo que complica y crea dificultades para la gestión diaria del urbanismo".

Finalmente, la dirigente 'popular' ha indicado que la modificación que se hace de esta normativa, y que su formación duda de que se apruebe antes del final de la legislatura, no resuelve el problema de la agilización ni el de las más de 300.000 viviendas ilegales existentes en la comunidad autónoma.