García Marcos y otros exediles se conforman con la acusación fiscal por prevaricación urbanística

La Fiscalía pide multa, pero la acusación particular, ejercida por el PSOE, solicita un año y 10 meses de prisión
García Marcos
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EUROPA PRESS
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Las defensas de la ex primera teniente de Alcalde de Marbella (Málaga) Isabel García Marcos y otros tres exediles que formaron el gobierno tripartito han mostrado este jueves su conformidad con la acusación de la Fiscalía de Málaga por un delito de prevaricación urbanística y con la pena de multa solicitada para ellos; mientras que se han mostrado en desacuerdo con la petición de un año y 10 meses de prisión realizada por la acusación particular, en representación del PSOE.

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio contra 12 acusados por dar licencia al proyecto básico en abril de 2002 y de ejecución en marzo de 2004 para la construcción de 20 viviendas adosadas, presentando el proyecto, señala la acusación pública, un exceso de edificabilidad, puesto que, según la normativa vigente, sólo se podía construir cinco viviendas.

El fiscal ha solicitado un año de prisión y 10 de inhabilitación para cargo electivo para los acusados de la primera corporación del Grupo Independiente Liberal (GIL), como son el exalcalde Julián Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá; y nueve meses de prisión y también 10 años de inhabilitación para los exconcejales de la segunda Alberto García, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa y Tomás Reñones.

En el caso de los que fueron miembros del tripartito marbellí acusados, como son Isabel García Marcos, Pedro Pérez, Carmen Revilla y José Jaén, que hasta ahora no han sido condenados, el ministerio fiscal ha solicitado 12 meses de multa, a 10 euros diarios, lo que supone 3.650 euros, y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo electivo. La acusación particular solicita para todos y para el exconcejal Rafael Calleja un año y 10 meses de prisión.

El fiscal ha señalado que las penas solicitadas respecto a los concejales de las dos primeras corporaciones del GIL son las reflejadas en el acuerdo alcanzado entre las defensas y la Fiscalía para los casos de licencias urbanísticas y ha defendido que se trata de un acuerdo que no contemplaba la suspensión de la condena para que no perdiera su sentido. Todos ellos ya han estado prisión por delitos urbanísticos.

Ha precisado que esta conformidad inicialmente solo afecta a este procedimiento, "no teniendo influencia en otros". Respecto de las penas solicitadas para los concejales del tripartito, ha indicado que debe ser menor que las anteriores puesto que se trata de proyectos de ejecución y, por tanto, la transcendencia es menor. Además, ha recordado que el Código Penal permite elegir entre prisión o multa.

Por su parte, la acusación particular ha defendido su petición de un año y 10 meses de prisión y ha apuntado que se trataba de "un ayuntamiento en donde lo delictivo era lo normal", por lo que "no se puede penar como en cualquier municipio". Ha considerado que un acuerdo de conformidad como éste "no era necesario", añadiendo que se podía haber demostrado la culpabilidad. Además, ha señalado que este supuesto se da en un "ambiente de corrupción generalizada".

Las defensas de los acusados han mostrado su conformidad con los argumentos de la Fiscalía para establecer la pena y su disconformidad con los de la acusación particular, considerando que no hay motivos para pedir más prisión y sosteniendo que lo delictivo "no era lo normal" en Marbella. Además, han defendido el acuerdo de conformidad general alcanzado en su momento, que "sí era conveniente", y la existencia de la conexidad.

Los letrados de los acusados que hasta ahora no se habían conformado en causas por delitos urbanísticos han incidido en que este acuerdo no vincula por el momento a otros procedimientos distintas. Así, los abogados han dicho que se ha cuestionado mucho la oportunidad de llegar a un acuerdo y que se podía haber discutido la legalidad o no del proyecto de ejecución concedido.

El exalcalde Julián Muñoz, cuya letrada ha recordado que existen 23 condenas contra él en ejecución, ha apuntado en su derecho a la última palabra que ha cumplido tres años en prisión y, a pesar de que ha calificado el pacto de "duro", ha expresado: "no me arrepiento", arremetiendo contra uno de los entonces concejales del PSOE.

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