El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha instado al PP a acudir a los tribunales y denuncie si tiene conocimiento y "alguna prueba" de casos de fraude en la contratación de discapacitados, frente a lo que el PP ha asegurado que la Junta "tiene responsabilidades políticas" en el caso de presunto fraude en la contratación de personas con discapacidad.

En una respuesta a una pregunta parlamentara, el consejero ha asegurado que la Junta "no consiente que se empañen y critiquen todas las ayudas de la Junta concedidas a la contratación de discapacitados".

En ese sentido, asevera que "no se puede hablar de fraude generalizado de estas ayudas porque haya desalmados capaces de aprovecharse de discapacitados".

"Lo que está mal, está mal y lo vamos a perseguir y somos especialmente cuidadosos con los colectivos más desfavorecidos y el que lo haga mal lo va a pagar, caiga quien caiga", ha apuntado Recio.

El consejero critica que el PP "quiere engañar a los ciudadanos al decir que la Junta es la que ha originado el problema, pero eso es tomar a los andaluces por tontos" y ha agregado que "son los empresarios los que contratan a discapacitados y si alguno lo ha hecho mal, que lo pague". En ese sentido, ha reiterado su petición al PP de que "si conoce algún otro caso, que lo denuncie".

Recio se ha pronunciado después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya considerado que Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), la empresa de telemarketing con ramificaciones en las provincias de Granada, Jaén y Málaga investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Junta de Andalucía, podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".

Por su parte, la diputada del PP Amelia Palacios ha asegurado que la Junta tiene "responsabilidades políticas" en la concesión de las ayudas investigadas por la Fiscalía a empresas que contrataban a discapacitados y considera que el Gobierno andaluz "ha tocado techo en los trapicheos y tramas de corrupción, de las que la Junta es responsable subsidiario, pues se demuestra el total descontrol, desconocimiento y descoordinación de la Administración andaluza".

"La Junta se sacude las responsabilidades, pero tiene responsabilidades políticas en esta estafa en varias provincias andaluzas en la que las empresa han recibido ayudas concedidas por el Gobierno andaluz procedentes de fondos europeos pero después las empresa han despedido a los discapacitados", ha aseverado la diputada popular, quien critica que la administración autonómica "no ha hecho seguimiento ni se ha informado de la solvencia de la empresa, ha mostrado una desidia y una actitud negligente".