Para evitar la multa (que es de 300 euros), la ley da la opción al detenido de iniciar un tratamiento de desintoxicación. Sin embargo, la mayoría prefiere rascarse el bolsillo y pagar la sanción antes de acudir a un centro sanitario. Sólo cinco personas han optado por someterse al tratamiento en lo que va de año. En 2005 fueron 26 las que acudieron a una de las unidades de conductas adictivas de la lista que la Delegación del Gobierno facilita al detenido.

Multas de hasta 300.000 €

El consumo en la calle, en un establecimento o en un transporte público está prohibido desde 1992 y se considera una infracción administrativa grave. La Delegación del Gobierno lo multa con 300 euros, pero si el detenido es reincidente, la cuantía puede llegar a un máximo de 300.000 euros,  sin poder optar por el tratamiento de desintoxicación.

Las razones del aumento de detenciones pueden atribuirse por igual al aumento de consumo de drogas entre los jóvenes y a la mejora de la vigilancia policial en las zonas de ocio.

Según la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, la sociedad, en general, ha perdido la percepción del riesgo sobre el consumo de drogas como la cocaína, que se ha mitificado y ofrece una imagen atractiva. La mayoría de los detenidos son jóvenes y consumen cannabis o pastillas y, en menor medida, cocaína.

Cerca de un año de terapia

Los centros que atienden a los que eligen el tratamiento de deshabituación en lugar de la multa someten al denunciado a una entrevista inicial para hacer un diagnóstico, «ver qué hay que cambiar en su vida y que esa experiencia no se vuelva a repetir», explica Jorge Gracia, el director del Plan de Prevenciones del Centro de Solidaridad. La duración del tratamiento, que suele basarse en terapia, oscila entre 9 y 12 meses y, después, el centro elabora un informe sobre el paciente para el juez.