El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que recurrirá por vía administrativa el acuerdo adoptado el pasado viernes por la Junta de Gobierno por el que se enajenan dos parcelas de las antiguas instalaciones del Servicio de Limpieza en la calle las Eras para dedicarlas a la construcción de unas 135 viviendas, el 60 por ciento de ellas de protección oficial (VPO).

Según han explicado el presidente del Grupo, Óscar Puente, y el portavoz, Javier Izquierdo, con esta aprobación, el órgano de Gobierno ha incumplido un acuerdo del Pleno Municipal de mayo de 2002 en el cual se establecía que la totalidad de las viviendas que se obtuvieran al demoler las naves de limpieza tendrían algún tipo de protección.

El PSOE reclamará la revisión de ese acuerdo, recurriendo los pliegos de la subasta, por entender que vulnera el acuerdo plenario y porque, "en términos políticos" condiciona "una vez más" la política urbanística de Valladolid "a la recaudación" en lugar de centrarse en las necesidades de generar "vivienda asequible que evite el éxodo al alfoz".

La Junta de Gobierno, además, según ha recalcado Puente, no ha expresado los motivos de la reducción de la tasa de VPO en estas parcelas, ya que "sólo" se construirá un 60 por ciento de viviendas protegidas, permitiendo que el 40 por ciento restante salga al mercado a precio libre.

Se trata de dos parcelas con 15.000 metros cuadrados edificables, que se sacarán a subasta en lotes de 9.250 y 5.750 metros cuadrados, a un precio de licitación de 7.148.000 euros, lo que, según los datos del PSOE, "supone un incremento de algo más de dos millones de euros sobre el precio que supondría respetar la decisión de construir vivienda protegida en un 100%".

A juicio del concejal socialista, el Ayuntamiento "está burlando una decisión plenaria, mostrando nulo respeto por la voluntad de los concejales de aquella sesión, que llegaba además refrendada por el acuerdo adoptado en la Comisión de Urbanismo pocos días antes", cuando se había aceptado, como ha recordado, una alegación de la Asociación de Vecinos Pisuerga que reclamaba que toda esa vivienda fuera protegida.

También ha añadido que en las actas de aquel pleno se recoge la referencia expresa del entonces concejal socialista José Luis Lara a la necesidad de que "quedara claro" el carácter protegido de la vivienda que en esa parcela se levantase, algo que "garantizó el concejal de Urbanismo del equipo de Gobierno en aquel momento, Federico Sumillera".

No obstante, Óscar Puente ha considerado que el Equipo de Gobierno, al menos, debería haber sometido esta decisión a debate del Pleno para que "los ciudadanos conozcan" que están vulnerando dicho acuerdo y para que se pudiera discutir "el modelo de ciudad".

De hecho, ha apuntado que el destino de vivienda protegida para la totalidad de las viviendas de ese entorno "viene recogido en una modificación del PGOU de aquel mismo año".

En opinión del representante socialista, el Ayuntamiento de Valladolid necesita "plantear siempre con criterios de interés general a través de qué métodos deben nutrirse las arcas públicas y con qué prioridades debe decidirse el gasto", y ha reclamado una explicación del alcalde y que la Junta de Gobierno estudie la petición y tome una decisión expresa de dar "marcha atrás". De hecho, ha propuesto que se encomiende a la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo (VIVA) la gestión directa de ese suelo.