El director general de RTPA, Juan José Guerenabarrena, ha manifestado este martes que los recortes realizados al ente público por parte del Gobierno autonómico no supondrán una reducción del déficit puesto que el de la cadena computa en el del Principado. Ha advertido de que el gobierno autonómico tendrá que pagar ese dinero, más los intereses de demora y los relativos al coste del cobro. Así, según sus cálculos, los más de trece que se adeudan se verán incrementados en una cuantía que oscilará entre 1,1 y 1,9 millones.

El directivo, que ha comparecido a petición del PP en la Junta General, ha subrayado que "no hubo ninguna falta de información", puesto que anualmente se remiten al Gobierno los resultados de una auditoria financiera, así como las cuentas de cada ejercicio, con periodicidad trimestral.

Guerenabarrena ha respondido que hasta la fecha la cadena ha informado en ocho ocasiones al Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la gestión, los contratos, la publicidad y los patrocinios, en un volumen de más de doce mil folios.

La diputada de Foro Asturias Cristina Coto ha dicho que el argumento de la falta de información no es el único que ha llevado a la retención de las transferencias, puesto que el Ejecutivo ve en la cadena problemas relacionados con el personal, los contratos, los centros de trabajo o la publicidad.

Deudas desde marzo

La parlamentaria ha señalado que los problemas financieros de RTPA eran anteriores al cese de las transferencias, puesto que la empresa adeudaba facturas a la productora Zebrastur desde el mes de marzo que sumaban cuatro millones de euros en octubre.

Ha advertido de la existencia de "hasta tres sentencias contrarias" a la radio televisión pública por "cesión ilegal de trabajadores", que Guerenabarrena ha achacado a que "la jurisprudencia no está habituada a la colaboración de empresas privadas y públicas" y a la intención de muchos de querer ser personal de una cadena que se creó para funcionar "con una estructura mínima de plantilla".

Además, ha reprochado que sólo un 18 por ciento del importe de las contrataciones recaiga en empresas de Asturias y el "monocultivo" que supone que el 72 por ciento del "dinero del Principado y de los asturianos" vaya destinado sólo a dos empresas: Zebrastur y Mediapro.

Decisión política ilegal

En el turno de fijación de posiciones, el popular Carlos Galcerán ha considerado que una decisión política "ilegal" ha llevado a una "quiebra técnica" al ente público. Galcerán ha reprochado los argumentos faltos de contenidos y en ocasiones "falaces" del Principado y ha solicitado no confundir un debate sobre el modelo televisivo con "un atropello" que afecta a 47 empresas. "No se pueden hacer las cosas de una forma tan chapucera, salvo que detrás se escondan otras intenciones y otros intereses", ha apuntado.

La diputada de IU Noemí Martín ha opinado que se ha tratado de una decisión "bárbara" desde el punto de vista político, aunque ha reconocido que "rectificar es de sabios".

A su juicio, los responsables del gobierno deberían sentarse a hablar con los responsables de la cadena y a partir de ahí apostar por el modelo que consideren, siempre y cuando obtengan el apoyo parlamentario necesario. "Cumplan la ley", ha instado.

Desde las filas del PSOE, la diputada Ana Rosa Migoya ha opinado que, gracias a la dirección de la cadena y a sus profesionales, se ha conseguido crear una televisión acorde a un modelo austero, que además ha abierto camino al desarrollo del sector audiovisual en la región.

Migoya le ha recordado a Coto que durante su época de militancia en el PP votó a favor del acuerdo con la Sexta para la emisión del fútbol en la cadena autonómica. "Cualquier gobierno responsable no hubiera adoptado las decisiones sin pie ni cabeza que ha adoptado este. No se pueden cortar compromisos amparados en la ley de presupuestos", ha señalado.

Implantación y empleo "bajos"

Cristina Coto ha dicho que la televisión "no es austera", puesto que en un contexto de crisis su presupuesto se ha incrementado un 25,46 por ciento desde el año 2009 y el ente ha supuesto desde su creación un coste para la Administración autonómica de 174,5 millones de euros, lo que equivale a casi treinta mil millones de las antiguas pesetas, para una implantación y un empleo generado "bajos".

A modo de conclusión, la diputada de Foro ha expresado que RTPA "ha pervertido su finalidad como televisión pública", en una suerte de 'status quo' que el nuevo Gobierno tiene derecho a erradicar. "Nunca Foro Asturias habló de cerrar la TPA, sino de un cambio en el modelo de gestión, para que funcione como las privadas", ha clarificado.

Por su parte, el responsable del ente ha esgrimido que la situación es "injusta" porque la cadena no ha podido opinar ni ha recibido preaviso de la privación de fondos. Guerenabarrena ha defendido que si la radio televisión se cierra habrá un medio de comunicación menos y "menos Asturias". "Seguiremos trabajando, si algún Grupo considera que nuestra opinión es relevante estaremos encantadísimos", ha comprometido.

Fútbol y fórmula 1

El responsable del ente ha informado, a preguntas de Foro, de que la compra de los derechos de emisión de la liga de fútbol y de la temporada de fórmula uno supone un coste aproximado de 4,5 millones de euros, que se ha tratado de solventar mediante una solicitud de rescisión de los contratos a la Sexta y a Mediapro -que finalizan en 2012-, que ha obtenido una respuesta negativa en el primero de los casos. El director general ha señalado que dichas emisiones llevan asociados entre 35 y 40 empleos.

Siempre a preguntas de la portavoz de Foro, Guerenabarrena -cuyo sueldo ronda los 100.000 euros brutos anuales- ha informado de que por el momento no se han planteado una reducción de sueldos ni de plantilla, a la espera de que se resuelvan los contenciosos interpuestos por la cadena y la iniciativa parlamentaria de los grupos PP, PSOE e IU. "Confiamos en el Parlamento porque somos buenos ciudadanos demócratas", ha indicado el directivo.

Por el momento, y siempre que no se produzca una solución previa, el próximo 28 de enero la empresa convocará concurso de acreedores.