Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado una proposición no de norma presentada por el PP, por la que la Cámara foral exige a los Gobiernos vasco y central, y al conjunto de las instituciones y partidos políticos, "el máximo respeto a sus competencias y funciones, así como a las Diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa".

Los populares han llevado esta iniciativa a la Cámara vizcaína, "de manera urgente", ante declaraciones del Ejecutivo autonómico, como las efectuadas por el lehendakari, Patxi López, en el pleno de política general, en el que planteó la posibilidad de debatir sobre fiscalidad en el Parlamento vasco, "una materia que constituye una de las principales competencias de las Juntas Generales de los tres territorios históricos".

La portavoz popular en Juntas Generales de Bizkaia, Esther Martínez, ha señalado que "estas preocupantes manifestaciones se producen en un contexto político en el que son muchas las voces que desean mayor protagonismo en un debate fiscal" que, según el ordenamiento jurídico foral, "debe celebrarse en las Juntas Generales y plantearse desde el máximo respeto y lealtad interinstitucional".

Martínez cree que "es necesario defender el papel insustituible de las diputaciones forales ante quienes preconizan una simplificación administrativa, que no tiene en cuenta las peculiaridades y los derechos históricos".

"Creo que será un error que se busquen soluciones en nuestra Comunidad Autónoma tratando de apartar a las Diputaciones. Es el propio sistema el que exige acuerdos", ha añadido.

El sistema foral

Por ello, el Grupo Popular ha reclamado "respeto" al sistema foral y "que se trabaje para mejorarlo y modernizarlo". "Sólo así, por la vía del respeto y el acuerdo interinstitucional, conseguiremos avanzar", ha señalado Martínez.

El texto aprobado incluye, además, un llamamiento de las Juntas Generales de Bizkaia "a la necesaria lealtad y el respeto institucional que deben presidir las actuaciones y manifestaciones públicas de los máximos dirigentes políticos, con el objetivo de evitar injerencias competenciales o intromisiones que perjudiquen o distorsionen el entramado institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco".