El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado la propuesta de acuerdo de concesión de subvenciones directas por un importe total de 985.000 euros para diversas entidades que trabajan en programas de inclusión socio-laboral de personas presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Según ha informado el Ejecutivo autónomo, se trata de 32 entidades con proyectos en marcha en este año 2011, que atienden a un total de 1.313 personas presas o penadas en talleres de formación, campos de trabajo, salidas programadas, pisos de mujeres o deshabituación de drogodependientes.

Por territorios históricos, 19 entidades trabajan en Bizkaia, ocho en Álava y cinco en Gipuzkoa. El reparto de los fondos entre los proyectos presentados se ha realizado por parte de la Dirección de Justicia del Gobierno vasco, de acuerdo con las direcciones de los tres centros penitenciarios de la CAPV.

El pasado 24 de mayo, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, se autorizó la suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento de Justicia y Administración Pública, para la implementación de procesos integrales de inclusión socio-laboral de personas presas en la Comunidad Autónoma.

El mandato constitucional y legal exige que las personas condenadas a penas privativas de libertad no sean aisladas absolutamente de la sociedad, sino que se les reconozca como ciudadanos (con todos los derechos, excepto los limitados por sentencia) que deben continuar formando parte activa de la comunidad social.

Éste es el fundamento primordial del establecimiento de procesos integrales de inclusión socio-laboral con personas presas en el propio entorno de estas personas.