La Unión Sindical Obrera (USO) denuncia que existe un "auténtico caos retributivo" en las administraciones públicas debido a las diferencias entre los complementos fijados por comunidades autónomas y ayuntamientos, que lleva a una "inadmisible" brecha salarial que se traduce en diferencias mensuales por encima de los 1.400 euros mensuales.

Así, se registran diferencias "incomprensibles" en momentos de crisis entre las regiones, de forma que los funcionarios de mayor escala (grupo A1) cobran 1.503,84 euros más en Cataluña que en Cantabria, mientras que el País Vasco paga hasta 1.299 euros más a sus médicos de atención primaria que Galicia.

El secretario de la Federación de Empleados Públicos de USO, Luis Deleito, ha asegurado que los datos son muy heterogéneos en función del cargo y la región, por lo que las "distorsiones" no se concentran en comunidades o ayuntamientos concretos, ya que es un problema derivado de los traspasos de competencias a las administraciones territoriales.

Papel de diputaciones provinciales

No obstante, ha recalcado que la situación está provocando falta de liquidez en algunas administraciones para afrontar los pagos, si bien la culpa no es de los empleados públicos, cuyos sueldos no son superior a los del sector privado y además soportan una pérdida acumulada de poder adquisitivo que podría alcanzar el 29,06% en 2011.

Así, la propuesta de USO pasa por que los empleados públicos dependientes de los entes locales se integren en un nuevo cuerpo gestionado por la Administración General del Estado a través de las diputaciones provinciales, teniendo la competencia de la oferta pública de empleo y pago de nómicas, en colaboración con los ayuntamientos.

Que los partidos paguen la mala gestión

Asimismo, pide un desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público o una nueva Ley que impulse un sistema retributivo igual en todas las administraciones que acabe con la actual "situación caótica". La idea de USO es aumentar las retribuciones en su parte salarial básica, que fija el Estado, mientras se reducen los complementos.

En este aspecto, reclaman la eliminación de los complementos especiales de los empleados públicos que hubieran ocupado cargos de director general o asimilados y que disfrutan durante toda su vida laboral solo con haber ocupado un alto cargo durante dos años seguidos.

Otras propuestas del sindicato para las administraciones públicas incluyen la inhabilitación de por vida para ejercer cualquier cargo público de todo responsable político que haga una mala gestión, y la obligación de su partido de responder con su patrimonio por las responsabilidades económicas.

Bajar un 20%

El sueldo a los diputados

En la misma línea, abogan por reducir un 10% el sueldo de todos los cargos políticos y del 20% para los parlamentarios estatales y autonómicos. Además piden eliminar los planes privados de pensiones existentes en las administraciones, que sólo en la Central alcanzan los 400 millones de euros, para "reforzar el sistema público".

También un recorte del 50% de los 4.381 altos cargos existentes, así como reducciones del gasto corriente, en publicidad (que ahora alcanza los 607 millones de euros) y el uso de software libre, que permitiría, según sus cálculos, ahorrar 800 millones de euros.