Juez no ve indicios de cohecho en la actuación de Trinitario Casanova y dos imputados más en caso de la Zerrichera

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha acordado el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto al empresario Trinitario Casanova y otros dos imputados más, Pedro Gil y Domingo Martínez, en el caso de presunta corrupción urbanística en la recalificación de la finca agrícola denominada 'Zerrichera' para construir un 'resort' en la localidad murciana de Águilas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha acordado el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto al empresario Trinitario Casanova y otros dos imputados más, Pedro Gil y Domingo Martínez, en el caso de presunta corrupción urbanística en la recalificación de la finca agrícola denominada 'Zerrichera' para construir un 'resort' en la localidad murciana de Águilas.

El juzgado que instruye la causa expone, en un auto con fecha 3 de noviembre, que quedan libres de sospecha por este delito al "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho", según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

Casanova era el promotor de este proyecto de urbanización que pretendía construir 4.000 viviendas en la denominada finca, enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).

En concreto, en una parte de este terreno está protegido por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), por lo que según la investigación de la fiscalía no debería ser urbanizable.

Caso zerrichera

El caso judicial sobre la finca de La Zerrichera se inició hace años a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE.

En concreto, el Grupo Hispania pretendía construir en dicha finca, de más de 200 hectáreas y declaradas LIC y ZEPA, un complejo urbanístico de 4.000 viviendas, campo de golf y un hotel de lujo. La finca consiguió la recalificación como urbanizable por el Ayuntamiento de Águilas en 2004, etapa en la que Francisco Marqués era consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional.

Posteriormente, el también ex consejero Benito Mercader ordenó elaborar un Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara, donde se encuentra dicho paraje.

Igualmente, hubo una querella del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, dirigida contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; y los que eran en aquel momento director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López. Se añadió al entonces jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Industria y Medio Ambiente y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.

Tras la denuncia y presentación de esta querella, el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha dirigido la investigación judicial del caso.

Por último, en octubre de 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia dictó un Auto en el que decretaba de nuevo, tras escuchar las alegaciones de las empresas afectadas, la suspensión de la Orden de la Consejería de Obras Públicas de 13 de febrero de 2006, que permitía modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas (PGOU) para clasificar como suelo urbanizable sectorizado los terrenos de La Zerrichera de Águilas; manteniendo así el Auto de 26 de julio de 2007.

En esta causa fue detenido en marzo de 2009 el ex consejero del Gobierno murciano y ex delegado del Gobierno en la Región, Francisco Marqués, tras investigar su patrimonio en relación a este caso. Fue este verano cuando presentó su dimisión como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame).

Marqués, quien ocupaba el cargo de director general desde 2006, habría presentado su renuncia "por razones personales", según el presidente de la Fundación y del Grupo Hefame, Antonio Abril, quien reconoció, no obstante, que "todos podemos intuir" que esta decisión "tendrá que ver" con el proceso judicial del caso 'Zerrichera'.

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