El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha estimado este martes que si ha habido un "comportamiento mejor en cuanto a la evolución de las cuentas públicas" en Andalucía —en referencia a los datos de ejecución presupuestaria que sitúan el déficit de esta comunidad en el 1,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), ocho centésimas por debajo de la media nacional—, sencillamente, es porque en esta tierra se están produciendo "recortes sociales a través de la no ejecución de las partidas vinculadas a educación y sanidad" y, sobre todo, porque la inversión pública ha desaparecido completamente del escenario.

En una entrevista con la Cadena Cope recogida por Europa Press, Arenas ha indicado que, sin embargo, Andalucía sigue siendo la comunidad con más gasto público corriente de toda España.

Ha señalado que si llega a la Presidencia de la Junta de Andalucía, para controlar el déficit, va a recortar en "todo", menos en educación, que no es un gasto, sino la mejor inversión; en sanidad, ya que hay la mitad de hospitales que en Cataluña, y en servicios sociales. Además, ha señalado que tiene un plan de recorte del gasto corriente que significa 2.500 millones de euros, al tiempo que prevé recortar a la mitad los delegados provinciales de la Junta.

"Tenemos margen para hacer una reducción muy importante del gasto corriente, preservando la sanidad, la educación y los servicios sociales", según ha apuntado.

Preguntado sobre el elevado déficit de Castilla-La Mancha, ha indicado que la presidenta, María Dolores de Cospedal, ha presentado un plan muy importante de austeridad en la comunidad, preservando también la educación, la sanidad y los servicios públicos, y aún es "pronto para pedirle cuenta y eficacia a ese plan". Ha manifestado que la situación de Castilla-La Mancha es completamente "heredada".

Javier Arenas ha estimado que la ley del techo del gasto no puede ser solo para el Gobierno de España, sino que tiene que ser para todas las administraciones públicas, porque no se puede gastar más de lo que se ingresa. A su juicio, habría que estudiar también las posibles responsabilidades judiciales de aquellos que dejan las arcas públicas quebradas.

Ha puesto como ejemplo el caso del municipio onubense de Valverde del Camino donde se ingresaban todos los meses 30.000 euros y se gastaban 800.000 euros.