El delegado provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Manuel Gálvez, ha negado la acusación realizada este lunes por CSI-F de que su departamento tiene "paralizados" 8.000 expedientes de personas en situación de dependencia desde el pasado mes de julio y ha asegurado que, desde esa fecha hasta la actualidad, se han "resuelto y aprobado más de 1.700 ayudas".

En declaraciones a Europa Press, Gálvez ha recalcado que las afirmaciones de la Central sindical son "absolutamente falsas" y "rotundamente inciertas" porque en ese período la Junta de Andalucía ha aprobado "más de 1.700 propuestas de Programa Individual de Atención (PIA)". "Son datos que publica el Imserso y que cualquiera puede comprobar", ha retado a CSI-F al tiempo que ha destacado que "en torno a un 15 o 20 por ciento del total de esos datos en Andalucía corresponden a la provincia de Sevilla".

Según el delegado provincial, lo único que ha podido ocurrir desde julio hasta ahora es que se haya "aminorado en cierta medida la dinámica ordinaria" del análisis y resolución de expedientes debido a que la Delegación de Sevilla, al igual que el resto de las andaluzas, ha llevado a cabo en este periodo "la revisión que establece la Ley (de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia) cada tres años".

Gálvez ha explicado al respecto que Andalucía, además de llevar a cabo esta revisión, "ha implementado un Plan de Calidad para hacer un seguimiento sobre los recursos que se referían a los servicios de ayuda a domicilio y a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar" y que "eso ha hecho que muchos de los trabajadores que se dedicaban a resolver los PIA se hayan dedicado a esta tarea".

"Pero en ningún caso, ni en ningún momento, ha habido paralización (de expedientes); y menos hemos retenidos 8.000 expedientes. No solo no los hemos paralizado sino que se ha ampliado el campo de trabajo que teníamos mirando siempre la mejora de la calidad de la prestación y del servicio a los dependientes", ha insistido.

De otro lado, el delegado ha valorado que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social haya introducido "elementos correctores" en la transferencia a los Ayuntamientos de los importes económicos para la Ley de la Dependencia para que se eviten así "impagos a empresas o trabajadores" de estos servicio.