El Gobierno regional ha recurrido este lunes ante el Tribunal Constitucional el real decreto que modifica la Ley de Aguas y atribuye la gestión de los ríos a determinadas comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico considera que esta reforma "vulnera" competencias estatales y reclama al organismo judicial la gestión de unidad de las cuencas hidrográficas.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, junto con el director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, y el director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Francisco Ferrer, han presentado este lunes en la sede del Tribunal Constitucional en Madrid el recurso contra la reforma de esta normativa, tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión del pasado 18 de noviembre.

El titular de Agricultura y Agua ha considerado que la modificación de esta Ley, que fue aprobada por el Gobierno de España el pasado mes de agosto una vez anunciada la convocatoria de elecciones, "es un despropósito más del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que en ocho años ha destruido lo que era una gestión eficaz y unitaria del agua en España".

En este sentido, Cerdá ha subrayado que la convalidación de este decreto "altera" la configuración de las confederaciones hidrográficas y posibilita en la práctica que "ciertas comunidades puedan decidir sobre la gestión de los ríos", que discurren por varias comunidades.

La modificación de esta ley "supondrá trocear las cuencas y otorgar el control y vigilancia de los ríos" a aquellas autonomías que incluyen en sus estatutos la competencia sobre las facultades de policía de Dominio Público Hidráulico.

El consejero de Agricultura y Agua ha rechazado que se modifiquen "por decreto y saltándose los trámites ordinarios de consulta" las reglas de planificación hidrológica, que a su juicio, "deben volver a las confederaciones hidrográficas y a la Administración central".

Finalmente, el titular de Agricultura y Agua ha remarcado la necesidad de que "las cuencas se gestionen de una forma unitaria y homogénea" y ha defendido "una política hidráulica de Estado que resuelva el problema nacional del agua" y elimine las "prácticas reprobables y la improvisación" de los últimos años "a base de decretos sin ningún tipo de participación de los órganos afectados".