La Audiencia juzga este lunes a dos acusados de alijar casi 640 kilos de hachís

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este lunes a dos acusados de alijar casi 640 kilos de hachís desde un buque a una embarcación de recreo, con el fin de introducir la droga desde alta mar a las costas españolas, aunque finalmente fueron sorprendidos por un helicóptero de Vigilancia Aduanera. La Fiscalía solicita para los dos acusados una pena de seis años y medio de prisión, además de una multa de dos millones de euros.

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este lunes a dos acusados de alijar casi 640 kilos de hachís desde un buque a una embarcación de recreo, con el fin de introducir la droga desde alta mar a las costas españolas, aunque finalmente fueron sorprendidos por un helicóptero de Vigilancia Aduanera. La Fiscalía solicita para los dos acusados una pena de seis años y medio de prisión, además de una multa de dos millones de euros.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron cuando los dos acusados se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el transporte de una partida de hachís, para lo que uno de ellos compró una embarcación denominada 'Picasso', tipo yate de recreo, que contaba con compartimentos aptos para ocultar bultos para llevar a cabo el transporte, tales como tambucho en cubierta y doble fondo bajo el puente.

Así, el 13 de febrero de este año, los acusados, en un punto no determinado de alta mar, cargaron desde otro buque en la citada embarcación más de 639 kilos de hachís y se dirigieron hacia las costas de España, siendo sorprendidos sobre las 12,20 horas por el helicóptero 'Argos I', del servicio de Vigilancia Aduanera, que dio aviso a la patrullera 'Milano II' del mismo organismo.

Finalmente, media hora después, agentes de servicio abordaron la embarcación en la que los acusados transportaban la droga, siendo detenidos y trasladados hasta el puerto de Cádiz. El valor de la droga intervenido se ha establecido en 917.928 euros.

Los acusados se encuentran en situación de prisión provisional desde el 14 de febrero de 2011.

Por tales hechos, la Fiscalía procede imponer a cada acusado la pena de seis años y seis meses de prisión, por un delito contra la salud pública, además de una multa de dos millones de euros.

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