Abogados alertan de un incremento no presupuestado del 30% en la justicia gratuita

Responsables del Colegio de Abogados de Oviedo han alertado de que la crisis ha provocado un aumento del recurso a la justicia gratuita que podría rondar entre el 25 y el 30 por ciento al término de 2011. Por el momento, según datos del órgano colegial, en lo que va de año el número de casos tramitados por abogados de oficio asciende a 9.600 en Oviedo y Avilés, frente a los 10.300 gestionados en todo 2010.
Fachada Colegio de Abogados de Oviedo
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EUROPA PRESS
Fachada Colegio de Abogados de Oviedo

Responsables del Colegio de Abogados de Oviedo han alertado de que la crisis ha provocado un aumento del recurso a la justicia gratuita que podría rondar entre el 25 y el 30 por ciento al término de 2011. Por el momento, según datos del órgano colegial, en lo que va de año el número de casos tramitados por abogados de oficio asciende a 9.600 en Oviedo y Avilés, frente a los 10.300 gestionados en todo 2010.

Expertos juristas consultados por Europa Press han expresado su preocupación por la insuficiencia de las partidas presupuestarias destinadas a este servicio, que prevén que se agrave el próximo ejercicio. Esta situación ha llevado a los decanos de los Colegios de Oviedo y Gijón a solicitar una reunión con el nuevo Ejecutivo asturiano.

Además, los abogados del turno critican el "histórico retraso" en los cobros de estos pleitos por parte de la Administración, que en contexto de crisis pueden demorarse hasta "dos o tres trimestres" y que han llevado al Colegio de Abogados de Oviedo a firmar un acuerdo con una entidad bancaria para adelantar las retribuciones, que rondan los 250 euros por pleito. En este sentido, señalan que en la actualidad se están ordenando los pagos correspondientes al segundo trimestre del año.

"difícil solución"

Aseguran que se trata de una problemática generalizada en España y "de difícil solución", que llevó a comunidades como la de Madrid a barajar una posible privatización del servicio. Por el contrario, los letrados asturianos defienden que se trata de un servicio público y, como tal, "debe ser controlado por la Administración".

En España se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos económicos suficientes para litigar, entendiendo por estos aquellas personas cuyos recursos e ingresos y los de su familia, no superen el doble del salario mínimo interprofesional.

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