Las diecisiete familias de Cerrias afectadas por el plan de derribos presentado por el Gobierno de Cantabria se han mostrado partidarias de modificar el deslinde de Costas de cien a veinte metros y "salvar" así sus casas.

Así lo acordaron en una reunión celebrada hace días y de la que han informado este sábado a través de un comunicado. En él explican que en el encuentro se acordó también de manera "unánime" ser "interlocutores directos" con el Ejecutivo regional, para los que se nombraron cuatro personas: Didier Fleury, Enrique Martín, José Ramón García y María Eugenia Bustillo.

En el encuentro, los afectados insistieron en sus "intenciones de luchar por paralizar el proceso de derribo" de sus viviendas a través de los "cauces legales que la democracia permite".

En relación a la modificación del deslinde, —que sería la "principal solución"—, los afectados pusieron de manifiesto los antecedentes existentes en otras regiones, tales como Galicia, Asturias, o Canarias, en los cuales mediante "voluntad política se salvaron determinadas viviendas, urbanizaciones y hoteles en casos similares".

En definitiva, los afectados de Cerria acordaron "no aceptar las indemnizaciones propuestas por el Ejecutivo de Cantabria como solución al problema" de sus viviendas, y pactaron "seguir luchando ante la injusticia que se está produciendo y que tanto daño ha causado".