Massot, Gibert y Mir vuelven al banquillo el miércoles por permitir la ampliación de un chalet en zona protegida

La Fiscalía les acusa de dos delitos de prevaricación urbanística y otro de falsedad por imprudencia grave en documento oficial

El exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, volverán a sentarse el próximo miércoles en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 55 del caso Andratx, por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido. Se trata de la decimoquinta pieza del caso que será enjuiciada -todas las anteriores se han saldado con condena-.

La Audiencia acordó suspender esta vista el pasado día 10 después de que la defensa de Mir pusiera en conocimiento del tribunal de la Sección Segunda que su patrocinado se encontraba enfermo. En concreto, la Fiscalía solicita seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para Massot por un presunto delito de prevaricación, las mismas penas para Gibert por la misma infracción penal y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento 'andritxol', pide en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, dos años de prisión para Massot -quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa-, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.

En su escrito de acusación, el Ministerio relata cómo el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando los tres acusados entraron en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.

Así, Massot emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Área Natural de Especial Interés (Anei) y Área Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer "perfectamente" la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx, según el escrito.

Por su parte, prosigue la Fiscalía, Gibert emitió un informe oficial en el que de forma inveraz afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que "parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca". Del mismo modo, Mir emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable y con un "incumplimiento claro de la legalidad", según la acusación pública. Los informes de los acusados posibilitaron de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.

Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.

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