La industria auxiliar de astilleros de Sevilla se ha mostrado "decepcionada" por el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en la factoría sevillana, ya que supone "el fin de la industria naval", tras lo que considera que "no se van a cumplir los compromisos" incluidos en dicho acuerdo, por lo que indican que "se podría vender la licencia de construcción de buques y así pagarnos a todos los empresarios lo que nos deben".

Fuentes de la industria auxiliar han indicado a Europa Press que las promesas incluidas en dicho acuerdo "son infundadas y no se cumplirán", de manera que "los sindicatos vuelven a caer en la misma trampa".

Consideran que el sentimiento "generalizado" entre la industria auxiliar "es que la Junta de Andalucía podría haber salvado al sector naval pero ha dejado tirados a los trabajadores de plantilla y de la industria auxiliar y a las propias empresas", de forma que estas sociedades "están en la ruina absoluta", a pesar de que los astilleros adeudan a las auxiliares 30 millones de euros.

En ese sentido, tras apuntar que los políticos "deben tener claro que el único ente capaz de generar empleo es la empresa y que la mejor política sociolaboral es dar trabajo", las fuentes han recordado que la licencia de construcción de barcos "vale dinero", por lo que han pedido que "si finalmente no se va a reactivar los astilleros, se venda esa licencia y con ese dinero se pague a los acreedores".

Agregan que "si se va a actuar y se va a buscar nuevas empresas, la Junta debe vigilar a quien da los astilleros, a ver si va a ser un 'amigo' como el de astilleros de Huelva, que ha llevado a la quiebra a esta empresa".

La industria auxiliar espera que el PP actúe y confía que en la nueva etapa del Gobierno central del PP "el Ejecutivo central sea consciente de lo significativo de la industria como es astilleros de Sevilla, pues la industria naval es estratégica, por lo que esperamos que el PP tome las medidas y no se olvide de la industria auxiliar, pues detrás de éstas hay dramas personales de muchos trabajadores".

Este colectivo teme que los compromisos contemplados en el acuerdo "no se van a cumplir ni siquiera el compromiso de recolocación, mientras que todo el mundo seguirá sin cobrar", por lo que han reclamado "seguridad jurídica para que el inversor apueste en este país; deben existir unas reglas del juego claras".