La Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos de la zona, ha identificado en la Axarquía (Málaga) y la Almanzora (Almería) un total de 25.000 edificaciones en zona no urbanizable en cada una de dichas comarcas andaluzas, según ha adelantado este viernes la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar en Sevilla las VI Jornadas de Formación de Fiscales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Al hilo de ello, la titular de Obras Públicas ha precisado que esa identificación se enmarca en los trabajos de "colaboración" que la Administración regional mantiene en esa materia con los ayuntamientos que así se lo han solicitado —que ha cifrado en unos 190—, y concretamente en las comarcas donde se han localizado esas viviendas predomina una "dispersión" de ese tipo de edificaciones y abundan ayuntamientos "pequeños" por volumen de población, que oscila entre los 500 y los 1.000 habitantes, por lo que tienen "menos capacidad de intervenir" en ese terreno.

Igualmente, Cruz Villalón ha recordado que la consejería que dirige tiene previsto aprobar a final de este año 2011 el decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable, con el que pretende "clarificar" la situación en la que se encuentra el "volumen muy alto" de ese tipo de construcciones que existe en la comunidad autónoma.

Así, ha precisado que la Junta de Andalucía lleva trabajando en la elaboración de ese documento "desde hace casi un año", y actualmente se encuentra en "tramitación interna" en el Consejo de Gobierno, "siendo objeto de informes del gabinete jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo".

En este sentido, la titular andaluza de Obras Públicas ha aclarado que "no todas las edificaciones construidas en suelo no urbanizable son ilegales", de forma que con el citado decreto pretenden precisamente saber "qué se puede legalizar y qué no", así como conseguir que, aquellas que se han construido de forma ilegal o irregular "al menos tengan acceso a los servicios básicos".

Importancia de una cultura de "rechazo" hacia esas edificaciones

En cualquier caso, Cruz Villalón ha señalado que "lo importante" es "extender" entre la sociedad una cultura de rechazo hacia esas edificaciones, porque su construcción "no es razonable" ni genera "un crecimiento ordenado", sino que ocasiona "problemas económicos, sociales y medioambientales". "En eso tiene que trabajar la Junta", ha recalcado la consejera, "con independencia de que los fiscales trabajen en la prevención y persecución de los delitos e infracciones que cometa cada cual".

Del mismo modo, la consejera de Obras Públicas y Vivienda se ha mostrado convencida de que, actualmente, el fenómeno de construcción de ese tipo de edificaciones está "más controlado" frente a lo que ocurrió "en décadas anteriores, cuando se convirtió en un fenómeno muy extendido en Andalucía y el conjunto del territorio nacional".

Al hilo de ello, la titular de Obras Públicas ha recordado que la competencia en materia urbanística la tienen "los ayuntamientos, fundamentalmente", de forma que la Junta "sólo la tiene 'en sustitución de' o 'por inacción de'", por lo que su posición es "de colaboración", aportando asesoramiento jurídico y técnico para la elaboración de los Planes municipales de Inspección y la elaboración de Inventarios de edificaciones en suelo no urbanizable.

Entre otras actuaciones en el ámbito de la disciplina urbanística destacan la tramitación de las denuncias presentadas, instando a los municipios a ejercitar sus competencias en la materia, la tramitación de procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la legalidad urbanística por inactividad municipal en los casos más relevantes, así como las tareas de reconducción a la legalidad a través del control, impugnación y petición de revisión de oficio de actos urbanísticos contrarios a la legalidad urbanística, complementado con la ejecución de demoliciones de actuaciones ilegales.

Además, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha realizado durante la presente legislatura un total de 4.237 actuaciones inspectoras en materia urbanística y de ordenación del territorio, de las cuales más de un millar han sido informes dirigidos a órganos judiciales y fuerzas de seguridad.

Así, en los últimos dos años, se ha insistido en "privilegiar" actuaciones preventivas para evitar que se consoliden situaciones ilegales —obras en construcción, parcelaciones incipientes—, así como la reconducción o regularización ordenada de las actuaciones.

En este sentido, cabe destacar que el Plan General de Inspección 2009-2012, que establece las bases para el ejercicio de las competencias autonómicas, centra su atención en "la defensa de determinados intereses de alcance general".

Según la Junta, como soporte a una planificación integral de la inspección urbanística en el territorio, Andalucía se ha dotado de recursos instrumentales —cartográficos y de base de datos— que permitan establecer una "radiografía" precisa de la realidad territorial y urbanística de la comunidad.

Valoración "positiva" de las jornadas

Por otra parte, Cruz Villalón ha valorado "positivamente" la celebración de las VI Jornadas de Formación de Fiscales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se encuadra en el convenio de colaboración suscrito en 2004 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal, ya que son encuentros "de colaboración y formación donde se intercambian experiencias y se buscan soluciones conjuntas", ya que se trata de una materia "en la que intervienen muchas administraciones y instituciones", entre las que figuran ayuntamientos, jueces, fiscales, notarios y registradores.

Según la consejera de Obras Públicas, el objetivo de las jornadas pasa por "poner en común las experiencias y trabajos y avanzar en la interpretación de la norma de forma uniforme en toda Andalucía", por lo que ha valorado "positivamente" tanto la celebración de dicha jornada como su "continuidad", que se plasma en el hecho de que alcancen su sexta edición, lo que indica, a juicio de Cruz Villalón, su "interés y utilidad".

De igual modo, con antelación a las jornadas, que acoge el Instituto Andaluz de Administración Pública, se ha desarrollado un taller de trabajo con la participación de fiscales e inspectores de ordenación del territorio y urbanismo en el que se ha hecho una puesta en común sobre el auxilio que la Consejería presta a los órganos judiciales en esta materia, sobre el Plan de Inspección de Andalucía y sobre la figura jurídica de "situación de asimilación a la de fuera de ordenación".