El Gobierno de José María Barreda dejó a deber a los dependientes más de 160 millones de euros, tal y como lo ha asegurado este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Empleo, Leandro Esteban, en respuesta a una pregunta oral formulada por la diputada regional del PP, Rosa Romero.

Esteban, que ha comparecido en nombre del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que no ha podido acudir al pleno al encontrarse enfermo, ha confirmado que en materia de dependencia la Consejería de Sanidad debe más de 160 millones de euros.

Esta cifra se explica, según el consejero, porque el presupuesto ha sido "papel mojado" y "una herramienta política y demagógica" en vez de un instrumento de trabajo "serio y riguroso".

Concretamente, a 30 de junio se debía 45 millones de euros a las residencias de concertadas y a las gestionadas bajo el sistema del modelo alemán, más de 40 millones a los centros propios, 25 millones a los centros de discapacidad, 18 millones a la ayuda a domicilio y 4,7 millones a la teleasistencia a la dependencia.

Para el consejero, estos datos "causan sonrojo" y demuestran el esfuerzo que el Gobierno de María Dolores de Cospedal tiene que hacer "día a día" para poder mantener y pagar los servicios sociales básicos.

Sistema sanitario

De otro lado y en respuesta a otra pregunta oral formulada por el diputado del PP Antonio Román, el consejero de Empleo ha asegurado que el Estado de Bienestar "se demuestra insostenible sólo cuando gobierna el PSOE" y se ha mostrado "firme defensor" de la sanidad pública y de la sostenibilidad del sistema nacional de salud.

Tras criticar al anterior Gobierno por no tomar las medidas "necesarias y oportunas", ha apuntado que con el Ejecutivo de Cospedal "las medidas que buscan eficiencia se van a desarrollar mediante un programa de reformas profundo, estructuralmente hablando, y desde los programas que se van a abordar por la Consejería de Sanidad".

Colectivos sociales

Por otro lado, el consejero ha asegurado que no hay un solo día en estos casi cinco meses en el que el Gobierno de Cospedal no se haya reunido con los colectivos y entidades sociales que conforman el tejido asociativo de Castilla-La Mancha para contar con su opinión a la hora de diseñar "una administración más austera que verdaderamente atienda lo importante".