La Alianza por la Unidad del Campo, que forman las organizaciones UPA y COAG, consideran muy preocupante la dinámica de las últimas semanas, donde se están produciendo ataques de lobos en explotaciones ganaderas cada vez más cercanas a los núcleos de población de pequeños municipios e incluso de grandes capitales.

Por ello, UPA y COAG, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han calificado de "inconcebible" que la Junta de Castilla y León siga con "una venda en los ojos" sobre el problema real que afecta a esta región, y todo a pesar de las continuas denuncias y requerimientos que ambas organizaciones vienen realizando desde hace tiempo sobre el peligro de que las manadas de lobos se estén multiplicando exponencialmente.

De hecho, en los últimos días han alertado de las 'lobadas en distintos puntos de la región con una característica común, que es la cercanía física de los ataques de animales salvajes en zonas muy cercanas a poblaciones habitadas, en referencia a lo ocurrido en los últimos días en la provincia de Ávila, donde se han producido tres ataques en explotaciones situadas a apenas ocho kilómetros de la capital, o en Toro y Valladolid en las últimas semanas.

"Este grave problema parece sólo preocuparnos a los ganaderos y en general a los ciudadanos del medio rural, porque vista la pasividad, quietud y tranquilidad de la Junta de Castilla y León para actuar puede interpretarse que a la Administración regional no les resulta incómoda esta situación", censura Alianza por la Unidad del Campo.

Además, tildan de "insólito" que mientras tanto la Consejería de Medio Ambiente se limita a hacer público ante los medios de comunicación, que no ante las OPA, un seguro privado que rechaza el sector de forma unánime y que hace recaer sobre los productores toda la responsabilidad de los ataques.

La alianza recuerda que son las sentencias judiciales las que "están poniendo en su sitio" a la Junta en varios casos de denuncia por ataques de lobos, ya que los tribunales se han vuelto a pronunciar nuevamente en los últimos meses con nuevos veredictos favorables a los ganaderos apelando a la responsabilidad patrimonial de la Administración regional y y condenando a ésta a pagar las indemnizaciones oportunas y las costas del proceso judicial.