El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado, para las 10,30 horas de este viernes y en calidad de imputada, a la secretaria interventora del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe. La comparecencia responde a la denuncia de un particular por la "denegación" durante el pasado mandato, de una licencia de segregación de suelos pese a que el Consistorio, entonces gobernado por la ya diputada nacional electa Soledad Cabezón (PSOE), sí habría autorizado otras licencias en iguales circunstancias. De hecho, el juzgado ha solicitado a la Fiscalía que determine "qué órgano resulta competente" para instruir diligencias contra la exalcaldesa socialista a cuenta de su condición de aforada.

Las diligencias, según un auto emitido el 6 de octubre y recogido por Europa Press, obedecen a la denuncia promovida contra Soledad Cabezón por un particular, dada la resolución emitida el 7 de marzo del año en curso por el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe denegándole supuestamente una licencia de segregación sobre unos terrenos de este municipio aljarafeño. Y es que en su denuncia, este particular esgrime que en los mismos términos, pero en 2004, el Consistorio otorgó presuntamente cinco licencias de similar naturaleza en favor de la compañía 'Sevilla y Navarro Promociones S.L.' e incluso en 2003, hizo lo propio a favor "de otras personas físicas".

Imputada la secretaria interventora

A cuenta de tales hechos, el denunciante atribuye a la exalcaldesa de Albaida Soledad Cabezón (PSOE), que recientemente se desprendía de la vara de mando, al menos un delito de prevaricación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor, de cualquier modo, ha ordenado que la secretaria interventora del Ayuntamiento, María Trinidad J.T., preste declaración como imputada el este viernes al haber elaborado "el informe sobre el que se cimentó" la resolución denegatoria de la licencia reclamada por el denunciante.

En cuanto a Soledad Cabezón, esta instancia judicial le reclamaba en el mencionado auto que, en el plazo de cinco días, "justifique si ostenta la condición de miembro del Congreso de los Diputados", pidiendo además a la Fiscalía que "informe de qué órgano resulta competente para la instrucción de la causa contra la señora Cabezón".