BRUSELAS, 23 (

Europa press)

Agricultores españoles han reclamado este miércoles a Bruselas cambios en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para no perjudicar el sistema productivo español y han reclamado que prevea mayor flexibilidad para cumplir las nuevas modificaciones que finalmente se pacten para después de 2013.

"Hay dudas y lagunas que deben ser resueltas de inmediato", ha reclamado el representante de Asaja, Pedro Narro, en un debate organizado este miércoles en el Parlamento Europeo con organizaciones agrarias, eurodiputados y el comisario del ramo, Dacian Ciolos.

Narro ha repasado algunas propuestas "positivas" de Ciolos, como el trato diferenciado para el algodón, el apoyo a los más jóvenes, la apertura a pagos asociados y el nuevo enfoque para el desarrollo rural, pero ha advertido de que existen importantes "lagunas" que pueden dañar al sector.

Entre los principales problemas, Narro ha destacado el reequilibrio progresivo en el reparto de las ayudas directas que perciben los agricultores y ganaderos en cada Estados miembro, con el objetivo de que en el horizonte de 2019 el pago base esté unificado para todos. La "gran diversidad" del sector exige un periodo de transición más largo para equilibrar el reparto de las ayudas y apunta como fecha al menos 2012, según el representante de Asaja.

También ha alertado de la "especulación" que ha generado la propuesta de la PAC en cuanto a cuestiones como la superficie elegible y ha explicado que en España, como en Italia, "hay muchas más tierras que derechos", por lo que es necesario "aclarar" cómo se transferirán los derechos para evitar la incertidumbre sobre el futuro de los pastos.

La nueva definición de 'agricultor activo' tampoco gusta en Asaja, que dice "no entender por qué hay un trato discriminatorio a favor" para los agricultores que perciben menos de 5.000 euros al año, esto es, el 80 por ciento del sector, y se les considera automáticamente bajo esta figura. Por ello, Narro ha apostado por valorar si estos productores ejercen o no una actividad agraria y no el valor del apoyo que perciben de parte de las arcas comunitarias.

Narro ve otros puntos positivos en la reforma para los jóvenes, pero los considera insuficientes, por lo que ha reclamado a Ciolos "cambios sustanciales" en el funcionamiento de la cadena alimentaria y en las normas de competencia para poder tener "precios referenciados a costes, precios justos" y organizaciones de productores que puedan ser efectivas.

Por último, el portavoz de Asaja ha cuestionado que el llamado 'reverdecimiento' que condiciona un 30% de las ayudas directas a determinados esfuerzos medioambientales sea necesario para legitimar la PAC y ha pedido que se sitúe en el segundo pilar para "dar coherencia" a la propuesta.

Las cooperativas agroalimentarias españolas también han estado representadas en el debate a través de Juan Corbalán, que reclamado mejoras en el reconocimiento de las organizaciones productoras y ha expresado el temor de que el techo de 300.000 euros anuales por explotación que quiere introducir Bruselas pueda perjudicar a las cooperativas.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha querido "tranquilizar a los colegas españoles" y ha asegurado que su propuesta "ofrece más de lo que existe" a las organizaciones productivas, ya que las reconoce más allá de los sectores contemplados en la actual PAC, lo que les exonera de parte de las reglas europeas en materia de competencia y les permite "adaptar su producción a la demanda".

También ha dado garantía de que los derechos de pago se calcularán individualmente y no de forma colectiva, con lo que el techo de 300.000 euros que Bruselas quiere fijar como techo máximo al año por explotación no perjudicará a las cooperativas que tramitan las ayudas de distintos agricultores, según el comisario.

Ciolos, además, ha justificado la definición de agricultor activo tal y como la plantea su reforma y ha defendido que no puede introducir criterios vinculados a la producción porque así se acordó en reformas anteriores.

Por último, el comisario ha defendido una de sus propuestas más polémicas, la de condicionar el 30 por ciento de las ayudas directas a esfuerzos medioambientales, y ha afirmado que es necesario para que ese gasto "no salga de la PAC".