El gobierno municipal de Vigo informará al juzgado del resultado de las votaciones del pleno celebrado este miércoles, en el que no se pudo aprobar una modificación de crédito destinada a pagar una sentencia urbanística —la indemnización del ámbito Nebrija—, por considerar que el PP "votó en contra de pagar", contraviniendo una resolución judicial que obliga al Ayuntamiento a abonar esa indemnización en un plazo de tres meses.

Así lo ha explicado el alcalde, Abel Caballero, quien ha rechazado que esa modificación de crédito pueda volver a llevarse a pleno, ya que los plazos y la tramitación administrativa impedirían que pudiera ser aprobada en el actual ejercicio. Además, ha recordado que "es la segunda vez en una semana que el P vota en contra de decisiones judiciales", ya que los populares se opusieron en la gerencia de Urbanismo al derribo de las naves ilegales de A Lagoa.

El concejal de Fomento, David Regades, ha ido más allá, y ha señalado que el juez deberá estudiar si el PP ha incurrido en "desacato" y en responsabilidad patrimonial, ya que, al no pagarse de inmediato la sentencia van a generarse unos intereses "imperdonables".

En el pleno extraordinario y urgente de este miércoles no llegó a debatirse la modificación de crédito, ya que el PP votó en contra de la ratificación de urgencia —y el BNG se abstuvo—, con lo que el gobierno no tuvo votos suficientes y ya no se entró en el fondo del asunto. Esta circunstancia fue interpretada por el PSOE como que los populares se oponían al pago de la sentencia, mientras que sobre la abstención de los nacionalistas, han concluido que "no es impeditiva".

David Regades ha explicado que la única forma de tener crédito para hacer frente al pago de la sentencia era la aprobación de la modificación en el pleno de este miércoles, y ha culpado al portavoz del PP, José Manuel Figueroa, de la actual situación. A ese respecto, ha recordado que Figueroa era concejal de Urbanismo cuando el Ayuntamiento presentó un recurso contra la sentencia y "tenía que haberla pagado entonces".

Resoluciones judiciales

En el último auto judicial, del 18 de octubre de 20011, el juzgado contencioso establece que la indemnización es de algo más de 2 millones de euros, es decir, más del doble de la inicialmente impuesta, ya que se han ido acumulando intereses desde 1993.

En la misma resolución, se precisa que hay, tras la presentación de un recurso por parte del Ayuntamiento en 2004 —que fue estimado parcialmente—, se dictó una sentencia que obligaba a pagar la indemnización en julio de 2007. La sentencia se hizo firme en septiembre de 2009, tras resolverse recurso de apelación, por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.